Una ley que convertirá la arquitectura en motor de desarrollo y bienestar

Impulsará la colaboración público-privada y la profesionalización del sector para ofrecer a la sociedad espacios más amables y eficientes

La crisis sanitaria ha constatado la importancia del papel que juega la arquitectura en nuestra salud. Muchas viviendas han tenido que transformarse en lugares de trabajo o espacios donde los niños pudieran recibir clases. La tipología, orientación, las vistas, la flexibilidad y el confort acústico y térmico de nuestras casas han cobrado especial importancia porque todos hemos podido comprobar cómo la calidad del espacio construido afecta a nuestra salud física y mental. La arquitectura es el arte y la técnica de proyectar, diseñar y construir edificios, pero mucho más que eso, es el instrumento que define el marco de nuestra vida. Es fundamental que todos interioricemos esta realidad y demandemos una arquitectura de calidad como un derecho inherente al desarrollo social y al bienestar.

La salud ha sido tradicionalmente un condicionante muy importante de la forma de nuestras ciudades. La disciplina urbanística nació con el fin de reducir y controlar las enfermedades que surgieron con la Revolución Industrial. Y grandes arquitectos modernistas como Le Corbusier, Alvar Alto o Mies Van der Rohe diseñaron edificios de gran volumetría, con espacios amplios, grandes huecos en las fachadas y estancias muy ventiladas que aminoraban el riesgo de contagio de la tuberculosis.

La arquitectura ha sido siempre un instrumento capaz de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos tanto a escala doméstica como desde el ámbito urbano y del territorio. Nuestra forma de trabajar, vivir y de relacionarnos ha cambiado. No podemos seguir construyendo con estándares del siglo pasado. Nada tienen que ver las unidades familiares de hace unas décadas con las actuales. Lo mismo ocurre con la enseñanza, el espacio laboral o con nuestras nuevas formas de consumo. Las viviendas, las aulas, las oficinas, los hospitales, los comercios… toda la arquitectura debe diseñarse o tener la capacidad de adaptación para responder a las necesidades actuales y ofrecer espacios de calidad en los que poder desarrollar actividades y relacionarnos de forma segura.

España cuenta con una normativa abundante (LOE, CTE…) que garantiza que la edificación cumpla con unos mínimos en materia de seguridad estructural, protección contra incendios, protección contra el ruido, aislamiento térmico y accesibilidad para personas con movilidad reducida. Sin embargo, debemos dar un paso más, ser más audaces y defender la calidad de la arquitectura y el entorno construido como lo que es: un bien de interés general.

La arquitectura debe ser concebida como un hecho cultural principal, en tanto que refleja circunstancias propias de la sociedad e incide de forma directa en el desarrollo individual y colectivo. Tal y como reclama la Agenda Urbana Española, la utilización racional del suelo y del patrimonio urbano y arquitectónico debe estar precedida por la defensa de un desarrollo urbano sostenible en su triple dimensión, social, económica y medioambiental.

Cuando nos referimos a mejorar la calidad del entorno construido no aludimos a construcciones más caras o lujosas, ni a la obligación de cumplir con la normativa existente. La calidad del espacio construido reside en aspectos que dependen del diseño, como son la escala y la proporción, la funcionalidad, la vinculación e integración con el entorno, la sostenibilidad, el confort, la armonía, la belleza, la durabilidad y la flexibilidad.

Las administraciones debemos liderar e impulsar la arquitectura de calidad no solo con las herramientas normativas a nuestro alcance, sino siendo proactivos en la divulgación de sus valores inherentes. Esta valoración cultural y social de la arquitectura debe trasladarse a la contratación pública, estableciendo criterios de calidad arquitectónica y urbana que sean fundamentales en la adjudicación de los concursos, de forma que no primen los criterios meramente económicos.

España puede y debe tener un papel protagonista en la reivindicación y defensa de la trascendencia cultural y social de la arquitectura. La arquitectura española es un referente a nivel internacional, lo que justifica aún más si cabe la importancia de generar una mayor conciencia pública sobre su valor, prestando especial atención a los jóvenes arquitectos, que tanto pueden aportar a este proceso de transformación social que vivimos.

En enero de 2018, los ministros de Cultura europeos firmaron la Declaración de Davos Hacia una Baukultur de alta calidad para Europa, que emplaza a convertir el fomento de un alto nivel de calidad arquitectónica en una obligación comunitaria de Derecho material. Se define aquí la “arquitectura de calidad” no solo por la estética y la funcionalidad, sino también por su contribución a la calidad de vida y al desarrollo sostenible de nuestras ciudades y zonas rurales. Francia y Lituania aprobaron sus leyes de arquitectura en 2016 y 2017, Italia está elaborando la suya, y España también está asumiendo el reto.

Por eso, desde la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estamos trabajando en la primera Ley nacional de Arquitectura y calidad del entorno construido, una ley que no debe entenderse como una norma para los arquitectos, sino que tiene como uno de sus objetivos principales promover la colaboración interdisciplinar entre los distintos profesionales implicados en la arquitectura: arquitectos e ingenieros (técnicos y superiores), economistas, sociólogos, abogados... La arquitectura concebida como una disciplina que engloba el justo equilibrio entre los aspectos culturales, sociales, económicos, ambientales y técnicos para el bien común.

Desde el ámbito privado, los profesionales del sector están apostando por la innovación y la industrialización en la edificación. La nueva ley impulsará la colaboración público-privada y la profesionalización del sector como herramientas para ofrecer a la sociedad espacios habitables más amables, sostenibles y eficientes.

Será por tanto una Ley para todos los ciudadanos, que tendrá como objetivos principales revalorizar la arquitectura como instrumento de cohesión social y como vector de recuperación económica y medioambiental.

Iñaqui Carnicero es director general de Arquitectura y Agenda Urbana