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La Airef ve margen para profundizar en la reforma de 2011 que endureció el acceso a la pensión

El Colegio de Economistas propone facilitar el acceso a la jubilación activa, donde se compatibiliza seguir trabajando con el cobro de una parte de la pensión

Una representación del Movimiento de Pensionistas de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra durante se concentran ante el Congreso de los Diputados.
Una representación del Movimiento de Pensionistas de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra durante se concentran ante el Congreso de los Diputados.EFE
Raquel Pascual Cortés

En su opinión, este margen para ir más allá en dicha reforma de carácter paramétrico del sistema (hizo más exigentes los requisitos y determinación de la cuantía de la prestación) se justifica porque aquellos cambios legales generaron un mayor consenso que la de 2013 que hizo el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy. En dicha ocasión, el Gobierno del PP puso límites a la revalorización de las pensiones --que no se aplican desde 2018-- y diseñó un factor de sostenibilidad --ahora en suspenso hasta 2023-- que ligaba en una pequeña parte la cuantía de las nuevas pensiones a la evolución de la esperanza de vida.

En este sentido, la responsable de la Airef insistió, durante su participación en la presentación el estudio El reto del envejecimiento desde una perspectiva integral, que ante la próxima reforma del sistema que preparan estos días el Pacto de Toledo en el Parlamento y el propio Gobierno "es muy importante la formación de consensos" para adoptar decisiones sobre el futuro de las pensiones.

No ha concretado, sin embargo, qué parámetros de los que fueron modificados en 2011 tienen aún ese "margen de actuación" para profundizar en ellos, pero una de las cuestiones que probablemente provocó su aceptación social fue su progresividad, ya que su implantación se diseñó para que se aplicase hasta 2027.

Los principales cambios de calado que introdujo aquella reforma y que a fecha de hoy aún siguen en proceso de implantación consistieron en: prolongar de forma progresiva la edad de jubilación de 65 a 67 años para 2027 (aumentando el momento legal del retiro entre un mes y dos al año); la ampliación a 37 años cotizados para conseguir el 100% de la pensión y el incremento también progresivo de 15 a 25 los años que se tienen en cuenta para calcular la cuantía de la pensión. Dicho todo esto, otra forma de profundizar en esta reforma sería adelantar en el tiempo su implantación.

Si bien no solo se ha referido a estas posibles reformas paramétricas , sino que Herrero defendió también el proyecto de su predecesor en la Airef y ahora ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para trasladar el actual déficit del sistema de pensiones al Estado, haciendo que unos 23.000 millones de "gastos impropios" de la Seguridad Social que ahora se financian con cotizaciones sociales pasen a costearse con impuestos generales.

Herrero ha considerado que esto quitará presión al sistema, aunque también como Escrivá, ha reconocido que este trasvase de una parte de los gastos de la Seguridad Social a la Administración Central del Estado no solucionará el problema de déficit público, pero sí despejará la incertidumbre social acerca de la sostenibilidad de las pensiones. "Nadie habla de que el Estado va a quebrar", ha argumentado.

Junto a todas estas cuestiones planteadas por la presidenta de la Airef, el autor del estudio, Javier Santacruz, ha enumerado otras propuestas de los economistas para abordar, de forma integral, el envejecimiento de la población, algo que afecta no solo a las pensiones si no también a la cobertura de la dependencia.

Ente estas posibles iniciativas que sugiere el Colegio de Economistas están " potenciar la jubilación activa eliminando barreras a la entrada como habilitar su uso antes de la edad legal de jubilación y por menos del 100% de la base reguladora". Al tiempo que ha considerado que también "sería conveniente desincentivar el retiro temprano".

Asimismo han apostado por una implantación más ambiciosa de los sistemas de previsión social complementaria "con reforma de los costes de gestión financiera y combinación de la contribución tanto a la Seguridad Social como a un plan de empleo". A este respecto, "dado el impacto sobre la cotización patronal, es necesario que ésta tenga incentivos fiscales adicionales, así como no fiscales como aportaciones compensatorias públicas o subvenciones", añaden.

Si bien, la presidenta de la patronal de los seguros (Unespa) y vicepresidenta de CEOE, Pilar González de Frutos, se ha mostrado de acuerdo con la necesidad de fomentar los planes de empleo en el seno de las empresas (segundo pilar) pero ha advertido que "esto no se puede hacer a costa de los planes individuales de pensiones (tercer pilar)". Dicho esto, esta dirigente empresarial ha reclamado ante la próxima reforma de las pensiones. un mejor tratamiento fiscal "para el ahorro a largo plazo, especialmente si éste es finalista y de carácter vitalicio"

Sobre la firma

Raquel Pascual Cortés
Es periodista de la sección de Economía, especializada en información sobre empleo, Seguridad Social, pensiones y relaciones laborales. Licenciada en C.C. de la Información por la U. Complutense, empezó a trabajar en Cinco Días en 2000 y antes pasó por las secciones de política y economía de la agencia Europa Press y por el diario Soria 7 Días.

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