Gobierno y agentes sociales barajan alargar los ERTE hasta finales de enero
El diseño de las exoneraciones de cotizaciones a las empresas vuelve a enfrentar a la patronal y los sindicatos con la Seguridad Social
La primera reunión técnica para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ha terminado hoy sin grandes avances, pero con las posiciones aún enfrentadas y recuperando algunas propuestas de máximos que podrían dificultar un acuerdo temprano.
La única cuestión que podría haber empezado a desbloquearse es la de la fecha límite para prorrogar las nuevas condiciones que se pacten para los ERTE. La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mostró en una entrevista con TVE su disposición a ampliar estos ERTE hasta después de Navidad porque hacerlo sólo hasta el 31 de diciembre no le parece “adecuado” –a pesar de que es la propuesta incluida en la primera propuesta del Gobierno– porque en esa fecha “nos cogería en la mitad de la campaña de Navidad”.
Díaz hizo estas declaraciones mientras estaba reunida la mesa de técnicos para negociar estas cuestiones. Pero apenas un par de horas después fue el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien, preguntado por este plazo en La Sexta, confirmó que prorrogar los ERTE hasta el 31 de enero “es una opción que se pueden contemplar o discutir”.
Pero más allá de esta cuestión, todo apunta a que el diseño de las exoneraciones de cotizaciones para los ERTE vinculados al Covid-19 volverá a enfrentar al Gobierno y a los agentes sociales. Las fuentes del diálogo social consultadas aseguraron que los responsables de la Seguridad Social tienen intención de mantener el actual esquema de bonificaciones pactado para los ERTE hasta el 30 de septiembre. Según este esquema, que rechazan patronal y sindicatos, las exoneraciones de cotizaciones por los trabajadores que se incorporan a la actividad desde un ERTE son mayores que las de aquellos empleados que siguen con su empleo en suspenso, sin incorporarse a su puesto de trabajo.
Por el contrario, los empresarios y los sindicatos quieren que todo este esfuerzo de ayudas se concentre totalmente en los ERTE en sectores y empresas con mayores dificultades. En este sentido, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo declaraba ayer: “Me preocupa que se haga bien la sectorialización de la prórroga de los ERTE”. Mientras que la patronal CEOE desvelaba ayer que las partes habían quedado ayer en hacer sus propias propuestas de exoneraciones para llegar a un consenso.
Pero quien más mostró ayer su preocupación y disgusto fue el líder de UGT, Pepe Álvarez, quien señaló: “Queríamos cerrar un acuerdo lo antes posible, las bases estaban puestas, pero el Ejecutivo aparece ahora con una propuesta de última hora, la de eliminar el contador a cero en el desempleo de las personas en ERTE, y esto es algo que no vamos a asumir. Se han acabado las concesiones y no vamos a aceptar ni esto ni quitar la cláusula que impide despedir a los trabajadores en los seis meses posteriores al ERTE, como plantea la patronal”.
De esta manera, Álvarez arremetía contra la propuesta inicial de Trabajo que recogía la eliminación del denominado “contador a cero”. Esto significaría que los afectados por ERTE comenzarían, a partir de ahora, a consumir su prestación por desempleo, sin derecho a que esta les fuera repuesta. O lo que es lo mismo, que el tiempo de prestación gastada en un ERTE no contabilizara.
A este respecto Díaz dijo ayer que a los 3,4 millones de trabajadores que han estado afectados por ERTE hasta ahora “les vamos a reponer una prestación por desempleo de hasta 180 días”, algo que ya consideró que “es mucho”. Pero no habló de lo que ocurrirá a los afectados a partir del 30 de septiembre, que es al colectivo que en teoría el Gobierno quiere quitar en esta nueva negociación.
Finalmente, la ministra volvió a mostrarse partidaria --tal y como viene haciendo desde el pasado 3 de septiembre-- de mantener en el 70% de la base reguladora las prestaciones por desempleo que reciben los afectados por ERTE en lugar de reducirlas al 50% a partir del sexto mes de cobro, como exige la ley.
Autónomos y empleados públicos
Ayudas. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, avanzó ayer que ampliará la prestación por cese de actividad para los autónomos afectados por el Covid-19. “Habrá una extensión (de dicha prestación) para los autónomos a partir de octubre; y ellos lo saben”, dijo Escrivá. Sin embargo, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, se quejó ayer de que esta ayuda “deja a muchos autónomos fuera”: a los que no acrediten un año de cotización en cese o a quienes están en pluriactividad.
Salarios. Escrivá también dijo que subir el sueldo de los empleados públicos no es una prioridad para los Presupuestos de 2021 porque ya han experimentado una ganancia de poder adquisitivo del 8,5% en los dos últimos años. Además, este año la inflación será negativa y en 2021 se prevé muy baja.
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