El Gobierno quiere garantizar por ley el poder de compra de los pensionistas desde enero
El Pacto de Toledo deberá reeditar la fórmula para revalorizar las prestaciones cada año
El Gobierno va a intentar hacer la reforma de las pensiones este año, pero lo cierto es que antes deberá cerrarse un acuerdo parlamentario en el Pacto de Toledo y diseñarse los cambios en la mesa del diálogo social. Y, después deberá tramitarse en el Parlamento. Todas estas exigencias alejan el grueso de esta reforma para más adelante, a lo largo de 2021 como mínimo. Pero hay una cuestión que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere incluir en la ley en enero y es que “las pensiones deben revalorizarse con un marco estable el año que viene”, indicó el responsable de este departamento, José Luis Escrivá, en su comparecencia ante el Pacto de Toledo el miércoles.
Así, la intención del Ejecutivo no es solo garantizar un año este poder adquisitivo en la Ley de Presupuestos para 2021 –que dado los bajos niveles de inflación, podría no requerir siquiera un aumento de las pensiones– sino establecer legalmente que en el medio plazo el poder de compra de los pensionistas quede garantizado. De esta forma, el departamento de Escrivá espera tener el visto bueno del Pacto de Toledo para fijar en la Ley General de Seguridad Social este marco “estable y permanente”, que previsiblemente vincule la evolución de las pensiones al IPC, y que sean estas nuevas directrices legales las que usen los presupuestos para revalorizar las prestaciones el próximo año.
También se sabe que la Seguridad Social quiere incluir ya en los Presupuestos de 2021 “una señal” según la cual el Estado se haga cargo de una parte de los 23.000 millones de gastos impropios que ahora costea el sistema de pensiones con cotizaciones. Si bien, los Ministerios de Hacienda y Seguridad Social están discutiendo aún el calendario más adecuado para realizar este traspaso.
Dicho todo esto se desconoce aún para cuándo estará lista el resto de la reforma de pensiones en la que ya trabaja la Seguridad Social, según dijo Escrivá, y que afectaría sobre todo a la creación de nuevos y mayores incentivos para el retraso voluntario de la jubilación; corregir las distorsiones en el acceso a las jubilaciones anticipadas que benefician a los trabajadores de mayor renta; y fomentar los planes colectivos de pensiones.
De momento, en España existen dos claras modalidades en las que se bonifica la prolongación de la vida laboral: la jubilación demorada y la activa. Y Escrivá está estudiando como rediseñar ambas.
Incentivos actuales
Actualmente en el caso de la jubilación demorada, la bonificación que reciben los trabajadores en forma de aumento del porcentaje que se aplica sobre la base reguladora para calcular la pensión está entre el 2% y el 4% por cada año que el trabajador siga en activo una vez cumplida la edad legal de retiro en cada momento.
Este incentivo contrasta con los aumentos de pensión que se registran, por ejemplo, en los sistemas de Seguridad Social de hasta el 12% anual en Portugal; el 10,4% al año en todos los casos en los que se alargue la vida laboral en el Reino Unido; o el 6% más cada año de Alemania o el 5% de Francia.
Mientras que la jubilación demorada permite compatibilizar el cobro de una pensión de jubilación con la realización de cualquier trabajo tanto por cuenta propia como por cuenta ajena ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial, siempre que el trabajador haya cotizado lo suficiente para recibir el 100% de su pensión. Cobrará el 50% de su prestación reconocida y el 100% si es autónomo y contrata a un trabajador.
Además, Escrivá estudia como casos de éxito y para diseñar los incentivos a los planes colectivos de pensiones en las empresas (denominados de Empleo) los modelos que aplican ya el País Vasco y Reino Unido.
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