La UE da un ultimátum a Johnson sobre Irlanda mientras persisten las diferencias de fondo
La UE que el proyecto de normativa del mercado interno viola el derecho internacional, socava la confianza entre ambos y pondría en riesgo las negociaciones de relaciones futuras
Las posiciones para la negociación de la relación futura entre Reino Unido y la Unión Europea están más alejadas que nunca, elevando el riesgo de una ruptura sin acuerdo que implicaría la imposición de aranceles entre ambos bloques comerciales. El negociador jefe de la Unión Europea (UE), Michel Barnier, advirtió ayer de que persisten las "diferencias significativas" con el Reino Unido en los puntos clave de la negociación sobre la futura relación entre ambos lados del Canal de la Mancha.
Al concluir la octava ronda oficial de negociaciones en la capital británica, Barnier recalcó que no ha habido avances suficientes en "áreas de interés esencial" para la Unión Europea, como las regulaciones sobre competencia y los estándares laborales y medioambientales. Como ha expresado en otras ocasiones, Barnier cree que el Gobierno británico no ha mostrado una voluntad "recíproca" de hacer concesiones.
"El Reino Unido rechaza incluir las garantías indispensables sobre una competencia justa en nuestro futuro acuerdo, pero al mismo tiempo pide acceso libre a nuestro mercado", explicó el negociador europeo, que también apuntó que la UE "está intensificando el trabajo preparatorio para estar lista ante cualquier escenario el 1 de enero de 2021".
En paralelo, la Unión Europea ha respondido con un duro ultimátum a los planes del Gobierno británico de violar el acuerdo que selló el Brexit y ha exigido al Reino Unido retirar antes de final de septiembre la ley que alteraría la frontera entre las dos Irlandas. La paz en Irlanda del Norte, cree Bruselas, está en peligro si el Ejecutivo del primer ministro británico, Boris Johnson, se sale con la suya.
Resulta infrecuente en el lenguaje diplomático -y más aún en el burocrático argot comunitario- encontrar términos tan duros como los que el vicepresidente de la Comisión Europea para Relaciones Interinstitucionales, Maros Sefcovic, vertió hoy contra el Gobierno británico. "Si el proyecto de ley es adoptado, ello constituiría una violación extremadamente grave del Acuerdo de Salida y de la ley internacional" subrayó Sefcovic, antes de recordar que la UE no dudará en usar los "mecanismos y soluciones legales" a su disposición.
La polémica ley británica otorga al Gobierno británico la capacidad para eliminar la exigencia de rellenar formularios de exportaciones para las mercancías que crucen desde Irlanda del Norte hacia la isla de Gran Bretaña. También permite a Londres evitar que la legislación europea sobre subsidios se aplique en las transacciones comerciales entre Irlanda del Norte y la Unión Europea. Además, declara de manera explícita que las anteriores disposiciones no pueden declararse ilegales en el Reino Unido en base a una incompatibilidad con tratados internacionales. En otros términos, tira por tierra de forma unilateral el pacto alcanzado hace un año.
La respuesta del Reino Unido vino de la mano del ministro de Gabinete, Michael Gove -que se había reunido previamente con Sefcovic- y alejó los visos de solución. "Dejé perfectamente claro al vicepresidente Sefcovic que no retiraríamos esta legislación. Lo ha comprendido", afirmó el conservador Gove al canal británico "Sky News".
Este monumental choque de trenes se ha ido gestando a lo largo de esta semana y sus consecuencias pueden ir aún más lejos de hacer descarrilar las conversaciones para definir el marco de relación entre el Reino Unido y la UE tras el fin del periodo de transición, el 31 de diciembre.
Ni siquiera la escandalizada reacción en las propias filas "tories" o las advertencias lanzadas desde el otro lado del Atlántico por la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, han amilanado a Johnson, quien parece decidido a ir hasta el final en su desafío.
El Acuerdo de Salida permitió consumar el Brexit el pasado 31 de enero. Desde entonces, el Reino Unido ya no está en la UE, pero quedaba todavía lo más difícil: definir cuál será la relación entre ambas partes al final del periodo de transición, que acaba al final de este año.
La insistencia británica por conservar su "soberanía", sobre todo en lo que se refiere a los subsidios estatales y a la pesca, ha obstaculizado en los últimos meses el diálogo. Lo que nadie esperaba era que ahora resucitase el problema de Irlanda del Norte, cuando el propio Johnson estampó su firma en un documento que, si no solucionaba, al menos orillaba el traumático contencioso sobre la frontera. Londres argumenta que su nueva ley pretende proteger los Acuerdos de Viernes Santo, que pusieron fin en 1998 a un conflicto de décadas, pero Bruselas "no solo no acepta ese argumento", sino que a sus ojos "hace lo contrario", es decir, amenaza con reabrir la herida