La vicepresidencia de Iglesias ve “preocupante” la fusión entre Bankia y CaixaBank

La vicepresidencia económica se muestra más cauta, priorizando la defensa de la inversión pública, mientras que el PP considera que la operación puede ser positiva

Fusion Bankia Caixabank
La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño (derecha), la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (centro), y el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en La Moncloa.

La fusión que estudian llevar a cabo CaixaBank y Bankia, que daría a luz al mayor banco por volumen de activos dentro del territorio español, puede convertirse en un nuevo elemento de fricción entre las fuerzas de coalición del Gobierno. Mientras que la vicepresidencia económica que dirige Nadia Calviño se muestra cauta y aboga por buscar la mejor opción para rentabilizar la inversión pública en el rescate de Bankia, desde la vicepresidencia de Asuntos Sociales que tiene al frente Pablo Iglesias consideran que la operación es “preocupante”.

Así lo ha manifestado la mano derecha de Iglesias en el Ministerio, el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable económico de Unidas Podemos, Nacho Álvarez, que en su cuenta de twitter ha publicado un listado de riesgos que comportaría la operación.

“De la última crisis salimos con una importante concentración bancaria. Seguir profundizando la oligopolización del sector financiero no es una buena noticia para la competencia del mercado, ni para la propia estabilidad del sector financiero” ha advertido en primer lugar.

“La crisis anterior nos enseñó que tener entidades financieras ‘demasiado grandes para quebrar’ (too big to fail) genera importantes riesgos para la estabilidad del sector: comportamientos de riesgo moral, de captura institucional...”, ha añadió.

“Además, las fusiones suelen tener importantes implicaciones sobre las plantillas laborales de las empresas. No es este precisamente un buen momento para posibles despidos de trabajadores, en un contexto de alto desempleo”, expone Álvarez, quien sostiene que “impulsar la modernización del tejido productivo español requiere desarrollar una banca pública eficiente, como por ejemplo tiene Alemania. Bankia puede ser el embrión para ello, y por tanto el Estado no debe abandonar su participación en el capital, reprivatizando la entidad”.

“El Estado invirtió 24.000 millones en sanear Bankia y por tanto debe proteger a los contribuyentes, que rescataron con sus impuestos la entidad. Las ayudas públicas deben servir para atender necesidades económicas generales, y no para mejorar la rentabilidad de otras entidades”, concluye el secretario de Estado.

Sus manifestaciones contrastan con las realizadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que se ha limitado a subrayar que “el Gobierno tiene una prioridad en relación con Bankia: proteger el interés general de los ciudadanos españoles, maximizar el valor de la participación pública y reforzar la estabilidad financiera del país. Estos son los principios que guiarán cualquier decisión en este ámbito”.

El Estado aún posee el 61,8% de Bankia, a la que insufló 22.400 millones de euros en 2012 de los que apenas se han recuperado 3.300 millones, mientras que su participación bursátil apenas valía el jueves 2.000 millones de euros. De prosperar el plan de fusión, el dilema del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) sería el de evaluar si podría recuperar una mayor cuantía de fondos con Bankia en solitario, o sujeta a otras posibles operaciones, o pasando a controlar el 14% del nuevo gigante bancario español, del que podría vender participaciones de pequeño tamaño con mayor facilidad. Aunque Bruselas viene prorrogando los plazos, conviene recordar que el Estado está obligado a privatizar Bankia en el medio plazo.

Fricciones en el Gobierno

Unidas Podemos ha venido apostando por conservar la titularidad pública de Bankia para utilizarla como una suerte de banca pública que permita apoyar determinados proyectos, una idea que no casa con el mandato de Bruselas ni con los preceptos más ortodoxos de Calviño.

La posible disparidad de puntos de vista entre los socios de Gobierno en cuanto a la operación no sería la primera, siendo quizás la más sonada la división que produjo entre los polos que representan Calviño e Iglesias el debate en torno a la derogación integral de la reforma laboral del PP.

Una medida pactada con PSOE y Podemos con Bildu en el marco de las prórrogas de los estados de alarma por la pandemia del coronavirus que provocó un fuerte descontento en el empresariado y que Calviño acabó descartando horas después de que Iglesias lo ratificara.

La visión del PP

Por su parte, el principal partido de la oposición, el PP, ve con buenos ojos la operación de fusión entre CaixaBank y Bankia, que está en un estadio preliminar y de la que se desconocen aún buena parte detalles.

“Frente a las ensoñaciones marxistas de una parte del Gobierno en relación a la banca pública, en el PP creemos que operaciones como ésta son positivas. Necesitamos un sistema financiero fuerte y competitivo”, ha dicho la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez.

En todo caso, la responsable económica del PP ha manifestado este viernes que esta operación podría ser positiva, si bien ha recordado la necesidad de proteger a clientes, depositantes y trabajadores.

En paralelo, eso sí, Rodríguez ha pedido la comparecencia de la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, para que informe sobre la fusión de CaixaBank y Bankia.

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