El conflicto con los municipios es tan innecesario como el crédito a Hacienda

La crisis abierta entre Hacienda y los ayuntamientos a propósito del control de los ahorros acumulados por los municipios se encona cada día, pese a que era de todo punto innecesaria. Innecesaria porque ni el Gobierno necesitaba de los recursos de las corporaciones locales para financiarse ni tiene sentido alguno forzar la voluntad de las únicas administraciones que se han comportado financieramente con responsabilidad los últimos años. El Tesoro ha capturado los recursos que ha necesitado en el mercado sin demasiado estrés, con tipos de interés negativos, y la disponibilidad de 15.000 millones de euros más o menos no arregla el problema de la descomunal deuda pública que se generará en esta crisis.

El comportamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias tampoco ha sido el mejor; ha pasado de ser de las instituciones colegiadas con una actitud más unitaria pese a las lógicas diferencias políticas en su seno en la defensa de intereses comunes al municipalismo, a fracturarse por motivos ideológicos y partidistas, con una inclinación de su presidente, Abel Caballero, impropia de la neutralidad que siempre había transmitido y que ha servido para cerrar un acuerdo con el Gobierno que, en vez de tener el valor de las decisiones consensuadas, queda en una indicación que se cumplirá o no a voluntad de cada ayuntamiento. Pero el hecho de que alcaldes de grandes ayuntamientos y de distinto signo político hayan hecho frente común contra Hacienda deja bien a las claras que hay una fractura del sindicato de municipios poco natural.

Los ayuntamientos han estado en la práctica intervenidos fiscalmente desde 2012, cuando la ley de estabilidad presupuestaria maniataba sus cuentas, les impedía saldar los presupuestos con déficit y gastar los superávits. Pero ahora la intención de Hacienda va más allá, hasta la incautación del ahorro, por mucho que el destino final de los recursos sea su retorno a cuentagotas a las arcas municipales para poder ser invertido. Sería más sencillo un cambio normativo que permitiese, con condiciones, gastar los remanentes, que forzar la voluntad política con un decreto de difícil respaldo parlamentario. Si es posible eliminar el veto del Senado a la ley de Estabilidad, debe serlo también en esta materia.

Los municipios han sido rigurosos con sus cuentas desde 2012, aunque sea por imposición de Hacienda. Han arrojado desde entonces superávits sistemáticos, reducido su deuda a la mitad y han acumulado un ahorro que ha salido de los impuestos municipales, los únicos que, bien está reconocerlo, nunca bajan porque la potencia de tiro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles es insuperable. Merecen mejor trato y reconocimiento.