Hacienda ofrece a los municipios pagar el interés de sus depósitos a cambio de los remanentes

La petición ha desatado que ayuntamientos de distintos colores políticos han rechazado ceder estos remanentes

La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero.
La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero. EL PAÍS

El Gobierno está intentando aplacar el rechazo de los ayuntamientos al plan para disponer de los remanentes de su superávit mejorando las condiciones financieras de las corporaciones locales. En concreto, asumirá el pago de los intereses que las entidades locales abonan a los bancos por tener depositados sus remanentes.

Actualmente estos municipios deben pagar el tipo de depósito que aplica el BCE, un -0,5%, es decir, deben pagar por tener el dinero en el banco. Según los cálculos de Hacienda, el pago de estos intereses (al aplicar un interés efectivo del 0%) puede llegar a ahorrar hasta 70 millones de euros anuales a las arcas municipales.

El BOE ha publicado este martes las condiciones del préstamo voluntario de los remanentes que se acordó con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde se incluye esta disposición, tal y como ha indicado en nota del prensa el ministerio. Alternativamente, las entidades locales que se beneficien de este fondo presupuestario de 5.000 millones también tendrán la posibilidad de optar por un reintegro a 15 años y obtener así un tipo de interés del 0,05%.

En la actualidad, las entidades locales que tienen estos remanentes pagan intereses a los bancos por tener depositados allí este dinero. La petición por parte de la FEMP de no pagar interés negativo por el exceso de liquidez es anterior a la pandemia, y de hecho fue la primera petición trasladada a Hacienda tras la formación del Gobierno. 

El martes pasado, el Consejo de Ministros transformó el polémico acuerdo con la FEMP en un decreto ley que tendrá que ser derogado o convalidado en el Congreso de los Diputados. Según defiende el Ministerio de María Jesús Montero, esta fórmula publicada esta mañana permite que las entidades locales incrementen su capacidad de gasto sin incurrir en déficit público, cumpliendo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y con la Constitución.

La petición ha desatado una tormenta política, puesto que ayuntamientos de distintos colores políticos han rechazado de plano ceder estos remanentes. Por lo pronto, ya ayer, el PP llamó a sus ediles a manifestarse durante agosto y septiembre contra el acuerdo con Hacienda. 

El llamamiento a la movilización partió del vicesecretario Territorial del PP, Antonio González Terol, tras una reunión con alcaldes en Almuñécar (Granada), al tiempo que el portavoz del PP en la FEMP, Jorge Azcón, enviaba una carta a la ministra de Hacienda pidiendo una reunión para renegociar el acuerdo. En la misiva, Azcón solicitó a Montero una reunión telemática, en nombre de los diez alcaldes de ocho partidos que el pasado viernes suscribieron una declaración de rechazo al acuerdo de Hacienda aprobado en la Federación de Municipios con el único respaldo de los socialistas.

Además de la carta y la petición de comparecencia urgente de la ministra en el Congreso, esta semana el PP enviará la declaración de rechazo al acuerdo, suscrita por diez alcaldes, a todos los regidores de capitales de provincia y municipios de más de 100.000 habitantes con la esperanza de que se sumen, también algunos del PSOE.

Aunque la oposición del PP está siendo más activa en la campaña contra esta medida, hoy la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha sumado a las críticas. En una entrevista este martes en Cataluña Ràdio ha explicado que el consistorio tiene un presupuesto precrisis aprobado y ha asegurado que no dejará de atender servicios básicos, por lo que ha deseado que este decreto ley se modifique en el Congreso. Así, ha avisado de que el consistorio utilizará los remanentes, que ha explicado que ascienden de 165 millones a 230 si se suma los de las entidades municipales: "Habrá unos hechos consumados. Haremos déficit sí o sí, sin ninguna mala fe. Nos pasará a todos, que gastaremos más de lo que ingresamos".

"La ministra de Hacienda ha tenido una actitud que no entiendo, antimunicipalista y cerrada al diálogo", ha dicho Colau sobre Maria Jesús Montero, y ha añadido que se tendrá que abrir a negociar porque considera que este es un problema transversal y no de partidos políticos.

El acuerdo entre Hacienda y la agrupación municipalista contempla que el tipo de interés anual que se determine para los préstamos formalizados "no podrá superar el coste equivalente de financiación de la deuda del Estado".

Esta condición legal arroja un tipo de interés negativo para el préstamo a diez años. La resolución aprobada esta mañana en el BOE establece que el préstamo con amortización lineal anual a diez años conllevará un tipo de interés del -0,192%, más favorable que el que las entidades locales deben pagar hoy por tener sus remanentes en los bancos. En cualquier caso, Hacienda se compromete a asumir el coste financiero de la operación de tal manera que el reintegro a 10 años conlleve un tipo de interés del 0%.

Respecto a la distribución, el Gobierno transferirá a las entidades locales un máximo de 2.000 millones en este año y 3.000 millones en 2021. El dinero se liberará en dos años para atender la petición de la FEMP de dar a las entidades locales un plazo suficiente para ejecutar los 5.000 millones. Asimismo, los ayuntamientos y el resto de entidades locales tienen hasta el 15 de septiembre para trasladar al Ministerio su compromiso firme, vinculante e irrenunciable de transferir sus remanentes de tesorería.

Entre la lluvia de críticas, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha confirmado este martes que 12 grandes ciudades españolas -entre las que citó a la propia Madrid, Valladolid, Málaga y Gijón- han remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reprocharle que les haya "incautado" un remanente necesario para hacer frente a los estragos ocasionados por la pandemia del coronavirus.

Según Villacís, se pide "algo muy sencillo y de justicia", que es poder utilizar el remanente de tesorería, "dinero de los propios ciudadanos", reiterando así su oposición al acuerdo entre Hacienda y la Femp. Además,  ha añadido que se han enviado otras dos cartas más, una a la Comisión Europea, y otra al Comité de las Regiones. En las tres se pone de manifiesto que "las ciudades son las grandes afectadas por la crisis de la Covid-19, las grandes damnificadas, porque es donde hay más densidad demográfica", pero que al mismo tiempo se sienten "ignoradas en primer lugar por el propio gobierno central, que está incautando un remanente que se necesita como el comer".

Por parte de la Generalitat de Cataluña, el presidente Quim Torra ha alentado este martes un "cierre de cajas municipal" para protestar contra Hacienda por el uso de los remanentes locales. Después de conocerse la última propuesta de dicha cartera, Torra ha arremetido contra el Ejecutivo: "¿Qué es lo que no entiende el Estado español de que remanentes y superávits son de los vecinos y vecinas de los ayuntamientos? Llevamos meses insistiendo, meses perdidos para salvar puestos de trabajo y dar oportunidades a la gente". "Adelante con el cierre de cajas municipales", ha proclamado desde su cuenta personal en Twitter.

Torra ya anunció la semana pasada la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del Gobierno de "apropiarse" de remanentes municipales.

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