Hacienda condiciona lo pactado con Podemos a la marcha de la economía

La pandemia obliga al Ejecutivo a retrasar las reformas fiscales.

Los cambios tributarios para 2021 se negociarán con los grupos parlamentarios

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una entrevista con la Agencia EFE.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una entrevista con la Agencia EFE.

La pandemia de coronavirus ha trastocado todos los planes del primer Gobierno de coalición de la democracia. Apenas dos meses después de comenzar la legislatura, que arrancó gracias a un acuerdo programático pactado por PSOE y Unidas Podemos, las prioridades cambiaron por completo para enfocarse en la crisis sanitaria. El impacto de este contratiempo hace que el Gobierno decida posponer algunos de los puntos clave acordados en la investidura, como las reformas en materia fiscal, que según la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estarán condicionadas a la evolución de la economía.

En concreto, Montero afirmó en una entrevista con Efe que la situación económica podría retrasar algunas subidas de impuestos, aunque se buscará la “progresividad” del sistema fiscal. Ello partiendo de que el consenso al que se llegó para investir a Pedro Sánchez contemplaba, entre otras cosas, la subida del IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros y la reforma del impuesto de Sociedades, con el objetivo de implementar un tipo mínimo del 15%, que se ampliaría hasta el 18% para la banca y las empresas de hidrocarburos.

Así, parece que estos cambios tributarios tendrán que esperar, también por la necesidad de llegar a acuerdos con el resto de fuerzas políticas que garanticen la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, lo que supone otro condicionante para cumplir el programa de investidura. La ministra y portavoz del Ejecutivo avanzó que como “carta de presentación” a las formaciones se expondrá el acuerdo económico pactado con Unidas Podemos, pero también aseguró que “hay que ser inteligentes” y acompasar ese pacto al ritmo que marque la economía para llevar acabo las medidas en el momento más adecuado, “de aquí a 2021 o más adelante”.

Montero explicó que en materia fiscal se acometerán novedades a dos velocidades. Por un lado, cambios tributarios a corto plazo que contemplarán los Presupuestos y que perseguirán la progresividad del sistema, para los que se negociará con la oposición; y por otro, cuando el crecimiento esté asentado, una profunda reforma fiscal centrada en la revisión del impuesto de Sociedades, del IVA y de las deducciones de algunos impuestos, así como en “figuras tributarias nuevas” adaptadas a la transformación ecológica y a la nueva economía.

En este sentido, aprobar los Presupuestos no será fácil, puesto que la filosofía tanto del PP como de Ciudadanos se centra en bajar impuestos, y conseguir el apoyo del principal partido de la oposición será fundamental para sacar adelante con facilidad las cuentas públicas. Por ello, el Gobierno, además de buscar su conformidad en materia fiscal, podría atraer al PP renunciando a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral a corto plazo, ya que, según declaraciones previas de la ministra, el proceso de acometer la contrarreforma también se adaptará a las circunstancias motivadas por la crisis.

Techo de gasto

Llegar a acuerdos con todos los grupos y aprobar los Presupuestos es la única forma de aprovechar las ayudas europeas. De hecho, como consecuencia de estos recursos “extra”, el Gobierno presentará en septiembre un aumento inédito del techo de gasto para 2021, incomparable con el de otros ejercicios. Montero cifra la aportación de los fondos comunitarios a las próximas cuentas públicas por encima de los 20.000 millones de euros, ya que el objetivo del Gobierno es que los Presupuestos de 2021 incorporen la primera anualidad de las transferencias del fondo europeo de recuperación -en total son 59.000 millones en tres años del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia-.

El proyecto presupuestario se presentará en el Congreso a finales de septiembre o a principios de octubre, para que su tramitación esté avanzada y los apoyos parlamentarios “bastante acordados” cuando se envíe a Bruselas el plan de inversiones, antes del 15 de octubre. En dicho plan se incluirán los proyectos consensuados con las comunidades autónomas y ayuntamientos.

Déficit y conflicto autonómico

Déficit. A falta de conocer la evolución de la recaudación en el segundo semestre, la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó en una entrevista con Efe que prevé que el déficit público cierre este año “algo por encima” del 10,38% del PIB que se comunicó a Bruselas en abril. Asimismo, se mostró “abierta” a la posibilidad de establecer objetivos de déficit diferenciados para las comunidades, pero siempre que sea resultado de un consenso para evitar que se interprete que el Gobierno “penaliza” a las regiones más saneadas, que tendrían metas más estrictas tras haber realizado un “esfuerzo muy importante” para equilibrar sus cuentas.

Mesa con Cataluña. Montero aseguró que la solución al conflicto catalán pasa por el diálogo y por tanto se tendrán que producir las reuniones oportunas, aclarando que la posición del Gobierno de España respecto a la autodeterminación es “cristalina”. Así, destacó que el Gobierno tiene “disponibilidad absoluta” para que la mesa de diálogo con Cataluña se celebre en agosto, pero se preguntó si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quiere que se reúna antes de las elecciones catalanas y le instó en aclarar cómo quiere proceder.

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