El Congreso da un paso adelante para multar a quien pague tarde

La Cámara avanza en la elaboración de sanciones para las compañías que no paguen cuando deben.

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¿Empresas morosas multadas? La Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados avanza en la puesta en marcha de un régimen sancionador para aquellas empresas que no paguen cuando deben hacerlo.

Según un estudio del PIMEC de no hacer nada al respecto se podría provocar el cierre del 8,6% de las pymes industriales. La ausencia de liquidez y la morosidad son los problemas principales a los que se enfrentan este tipo de empresas, de hecho, indican que las administraciones públicas ya adeudan unos 14.000 millones de euros a este tipo de empresas.

Entre las medidas que solicitan para evitar el cierre de compañías por este motivo destaca el que las empresas cotizadas, sin problemas de liquidez ni de financiación, abonen los 122.000 millones pendientes de pago a sus proveedores, que los ayuntamientos liberen los 12.000 millones de remanentes que tienen en cuentas corrientes para salvar a autónomos y pymes o que se cambie el criterio de ingreso del IVA y solo se declare lo que se ha cobrado.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha pedido en numerosas ocasiones que se establezca también un régimen sancionados para las empresas morosas. Actualmente, ante la Comisión de Reconstrucción Social del Congreso están compareciendo una serie de expertos de cara a ayudar a los grupos parlamentarios a elaborar un régimen sancionador para las empresas morosas.

Clave para acabar con la morosidad

El presidente de la Plataforma Multisectorial, Antoni Cañete ha valorado “muy positivamente” que los grupos parlamentarios vean la era post-Covid como importante para “regular los pagos a proveedores”.

Para él, acabar con la morosidad es un “elemento esencial de viabilidad y competitividad de un país”, por lo que considera que el régimen sancionador que se establezca supondrá “un punto de inflexión en la economía del país, será la clave para acabar con esta lacra, que posiblemente sea la que más vaya a generar pérdida de puestos de trabajo y cierre de empresas en estos momentos, en los que medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos”.

No obstante, ha lamentado que los 12.000 millones remanentes en los ayuntamientos no se vayan a destinar al pago de los proveedores.

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