Anci urge la fragmentación de los contratos de obra para fomentar la competencia entre constructoras
Estima un déficit inversor de 100.000 millones desde la anterior crisis y pide un plan apoyado por los fondos de reconstrucción
Las constructoras no cotizadas reunidas en la asociación Anci han demandado al Gobierno el uso de los fondos de reconstrucción que vienen de Bruselas para relanzar la inversión en infraestructuras. El colectivo que preside Jaime Lamo de Espinosa cifra en 100.000 millones el déficit inversor acumulado desde la pasada crisis financiera y postula al sector de la construcción como motor más eficiente para la creación de empleo y la reactivación económica.
“Es absolutamente necesario incrementar las inversiones públicas por razones sociales, de empleo y de competitividad. Los grandes países de la UE están ya planteando fuertes programas de inversión en obra civil”, ha señalado Lamo de Espinosa en la junta anual de ANCI, “los proyectos prioritarios postergados y perfectamente identificados van acumulándose, junto a las necesidades de inversión en conservación y mantenimiento”.
El colectivo que representa a referencias como Aldesa, Copasa, Azvi, Sando, Rubau, Copcisa, Copisa o Grupo Puentes, entre otras, ha resaltado la necesidad de un pacto de Estado en torno a las infraestructuras por un mínimo de diez años y ha demandado al Gobierno que fomente una mayor competencia entre constructoras. Esto es, a juicio de esta patronal, fragmentando los proyectos en lotes no superiores a los 250 millones de presupuesto con el fin de que las referencias medianas puedan ir a la pugna con los ACS, Ferrovial, Acciona, Sacyr u OHL, firmas que forman el núcleo duro de Seopan.
Lamo de Espinosa ha remarcado el impacto que tiene sobre las constructoras de Anci la ralentización de la inversión pública en el mercado doméstico, aunque ha reconocido que sus constructoras han ganado peso en la contratación pública respecto a 2017 y 2018.
En el capítulo de peticiones al Ministerio de Transportes, Anci ha insistido en reclamar el pago por uso en las infraestructuras; una mayor atención al capítulo de la conservación, o la activación de la colaboración público-privada. “Desde Anci siempre hemos defendido la colaboración público-privada como una fórmula eficiente para abordar estas inversiones. Y lo sigue y seguirá siendo. Ahora bien, siempre que la dimensión de los contratos no oligopolice las contrataciones, restringiendo de hecho la deseable leal competencia entre empresas y, por tanto, la eficiencia del gasto público”, ha afirmado el representante de las constructoras no cotizadas.
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