La Comisión actuará contra los países de la UE con prácticas fiscales agresivas

La medida afectaría a socios como Países Bajos, Irlanda o Luxemburgo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La Comisión Europea planea medidas para forzar cambios en los sistemas fiscales agresivos de algunos socios de la UE, como Países Bajos, Irlanda o Luxemburgo, argumentando que estas prácticas distorsionan la competencia en el mercado único y perjudican al resto de países del bloque. Los detalles de la iniciativa se conocerán este miércoles, dos días antes de que comience la tensa cumbre que intentará cerrar el fondo de reconstrucción, con Países Bajos como principal socio opositor a las ayudas.

Para explicar esta nueva medida comparecerán el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombvrovskis, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. Algo antes, la Justicia europea se pronunciará sobre las supuestas ventajas fiscales concedidas a Apple por parte de Irlanda, por las que Bruselas reclamó a Dublín que exija a la multinacional la devolución de 13.000 millones de euros.

En la actualidad, cualquier intento de armonización fiscal en la UE tiene que ser aprobado con la unanimidad de los Veintisiete, lo que en la práctica da a cualquier país derecho a veto. Por eso se estancaron, por ejemplo, las negociaciones en 2019 para poner en marca un impuesto a las multinacionales digitales (un tributo conocido como tasa Google) o el proyecto de directiva para impulsar una base armonizada del impuesto de sociedades.

Para sortear esta situación, y según adelanta el periódico británico Financial Times, Bruselas planea recurrir al artículo 116 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que permite "celebrar consultas" entre la Comisión y los Estados miembros ante situaciones de "falseamiento de las condiciones de competencia en el mercado interior" que provoquen una "distorsión que deba eliminarse".

En caso de que la Comisión "compruebe que una divergencia entre las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros falsea las condiciones de competencia en el mercado interior y provoca, por tal motivo, una distorsión que deba eliminarse, procederá a celebrar consultas con los Estados miembros interesados. Si tales consultas no permitieren llegar a un acuerdo para suprimir dicha distorsión, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las directivas necesarias a este fin. Podrán adoptarse cualesquiera otras medidas apropiadas previstas en los Tratados", detalla el artículo 116.

Con este instrumento, el Ejecutivo comunitario también podría proponer una directiva que le permita acabar con estas distorsiones y exigir cambios en los sistemas fiscales de países como Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda o Bélgica, que ya han sido señalados en el pasado por las autoridades comunitarias por su planificación fiscal agresiva.

Esta directiva tendría que ser aprobada por una mayoría cualificada de Estados miembros (y no por unanimidad) además de recibir el respaldo del Parlamento Europeo.

El portavoz de la Comisión, Eric Mamer, no ha dado detalles sobre la iniciativa que será desvelada este miércoles pero sí ha apuntado que se trata de una "contribución importante" en la lucha evasión fiscal que Bruselas "desea poner en marcha para los próximos años" para apoyar las transiciones verde y digital.

La medida será presentada en un contexto de fuerte división entre los socios europeos, en buena medida enfrentados por el fondo de reconstrucción poscoronavirus y sus detalles. También, en una situación en la que algunos de los Estados miembros chocan en materia fiscal con el punto de vista del Ejecutivo Comunitario y la presidencia rotatoria de la UE, que ahora recae en Alemania, y que quiere impulsar antes de que acabe el año la puesta en marcha de la conocida como tasa Google para ayudar, entre otros puntos, a sufragar la reconstrucción tras la crisis económica y sanitaria.

Contra los paraísos fiscales

La Comisión recomendó este martes a los Estados miembros que no concedan ayudas públicas a las empresas que tengan lazos con los territorios de su lista negra de paraísos fiscales en un momento en el que este tipo de apoyos se ha multiplicado por la pandemia.

Fijar las condiciones para recibir ayudas públicas es una competencia de cada Estado, por lo que Bruselas, a falta de poder legislar, ha optado por emitir una recomendación para que los países que quieran imponer estos requisitos lo hagan siguiendo las mismas pautas, en línea con las normas comunitarias y sin crear desajustes en el mercado único.

"Estamos en una situación sin precedentes en la que se están dando volúmenes sin precedentes de ayuda estatal a empresas en el contexto de la pandemia. Especialmente en este contexto, es inaceptable que empresas que se benefician de apoyo público lleven a cabo evasión fiscal a través de paraísos fiscales", indicó en un comunicado el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.

La Comisión recomienda en concreto que no se den ayudas a empresas vinculadas a los 12 territorios de la lista negra: Panamá, Samoa Americana, Fiji, Fuam, Oman, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes de EEUU, Vanuatu, las Islas Caimán, Palau y las Seychelles.

Sugiere además que se apliquen restricciones a empresas que hayan sido condenadas por delitos financieros graves, como fraude, corrupción, impago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social.

Considera que utilizar la lista negra europea como base es el "mejor modo de aplicar tales restricciones", pues permitiría que los países actúen de forma coherente, evitando medidas individuales que puedan ser contrarias a la ley comunitaria, y daría más claridad a las empresas.

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