Covid-19

El Ejecutivo moviliza 1.800 millones para apoyar al transporte

Amplía la capacidad de endeudamiento de Renfe y concede ayudas al sector de transporte marítimo y por carretera

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes movilizar 1.800 millones de euros en ayudas destinadas al transporte. El decreto está articulado en torno a tres ejes: la protección de la salud de los trabajadores y pasajeros, proporcionar liquidez a las empresas del sector y reducir las cargas administrativas, simplificando trámites, según ha explicado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en la rueda posterior a la reunión. 

El importe movilizado por el Gobierno se divide en un paquete de ayudas por valor de 663 milllones destinadas a las empresas de transporte privado al que se suman los hasta 1.000 millones en los que se aumenta la capacidad máxima de endeudamiento de Renfe con el objetivo de compensar la caída de sus ingresos y permitir que retome la ampliación de sus servicios; y los 110 millones destinados a Seittsa (la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre) para atender sus compromisos de obra pública, así como los 800 millones ya comprometidos destinados al transporte público en las comunidades autónomas.

Dentro de la partida destinada a las empresa privadas se incluye un refuerzo al alivio de las tasas aeroportuarias, con una deducción por valor de 60 millones que sumaría a los 87 millones ya aprobados, para ayudar al sector de transporte marítimo. Este último también se beneficia de una flexiilización de la normativa para agilizar los trámites de emisión y renovación de certificados y se permite a las Autoridades Portuarias ampliar temporalmente la reducción de las cuotas de las tasas portuarias y de ocupación, así como se alarga el periodo para reducir la tasa de buque hasta el máximo permitido por la normativa europea.

En el ámbito de transporte por carretera se regulan los aplazamientos de los pagos del principal de las cuotas de contratos de préstamos, leasing y renting para la adquisición de autobuses y camiones para autónomos y empresas de transporte discrecional de viajeros, un sector "muy castigado" con la crisis. La medida se destina a ese sector de servicios discrecional de viajeros y al transporte de mercancías cuando hayan experimentado una reducción de ingresos o facturación inferior al 40% e implica un coste de 250 millones de euros para el primer caso y de 330 millones para el segundo.

Además, se ha aprobado un procedimiento de reequilibrio en el transporte por carretera de competencia estatal para compensar la reducción de ingresos con motivo de la crisis sanitaria o el coste de las medidas de desinfección o adaptación de los vehículos. Este paquete de ayudas tendrá un coste de 14 millones de euros. También se plantea en el ámbito concesional a la obra pública y autopistas, si bien todo sometido a lo relacionado con las pérdidas.

En el ámbito administrativo, se aprueba la prórroga de los visados caducados, que se validarán por un año más en los próximos ejercicios hasta 2023 con el objetivo de evitar el colapso. De la misma forma, se prorroga tres meses la ITV de estos vehículos que venza entre el 21 de junio y el 31 de agosto.

En el sector aéreo, el Ejecutivo establece la obligatoriedad del cumplimiento de las recomendaciones elaboradas por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y el Centro Europeo para la prevención y control de enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés). "Esto da más seguridad a los aeropuertos y damos un paso más que los socios europeos", ha apuntado Ábalos.

Por último, el ministro ha anunciado la puesta en marcha de un plan de colaboración pública-privada en materia de vivienda, de manera que el Gobierno pone a disposición suelo público por un periodo de hasta 75 años al que pueden concurrir, a través de una licitación, las empresas privadas a cambio de construir viviendas para alquiler social y con la posibilidad de no pagar un canon.

Ábalos destacó que con esta medida se va a "dinamizar la economía" y se va a "generar la expectativa de que el inversor esté comprometido con el derecho básico a la vivienda para ir generando un parque de vivienda pública que no tenemos en el país y que incluso ha ido a menos".

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