La SEPI entrará en el capital de empresas estratégicas y prevé cobrar sus dividendos

El Gobierno aprueba un paquete de impulso económico por 50.000 millones de euros

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.EFE

El Gobierno aprobó este viernes un nuevo Real decreto-ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, que contempla un paquete extraordinario de impulsos por valor de 50.000 millones de euros, al que se le suma un nuevo plan de apoyo al sector turístico y el esperado Plan Renove para la automoción. Estas ayudas se dividen en una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de 40.000 millones, y en la creación de un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, con un presupuesto de 10.000 millones de euros, según explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la firma del pacto por el empleo y la reactivación junto a los agentes sociales.

El Ejecutivo detalló en un comunicado que el nuevo fondo de rescate de compañías estratégicas con problemas de solvencia estará adscrito al Ministerio de Hacienda y se gestionará a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En cuanto a cuáles son los sectores considerados estratégicos, y que podrán captar parte de los 10.000 millones movilizados, el Gobierno puntualizó que se valorarán aspectos “como su impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados”. También se considerará su “capacidad de arrastre” en la economía. Quedan excluidas en este grupo las entidades financieras.

El Gobierno señaló que se ajustará a la normativa de ayudas de Estado de la Comisión Europea, y que se “articulará a través de distintos instrumentos como la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital”.

El Ejecutivo, sin embargo, no aclaró detalles de posibles condiciones que se impongan a las empresas rescatadas, tal y como estableció Bruselas recientemente. Entre otras restricciones, la Comisión limitó el reparto de dividendos (aunque con excepciones) y puso coto al pago de remuneraciones a los directivos de estas empresas rescatadas. “El importe de los dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones que se realicen se ingresarán en el Tesoro Público”, se limitó a señalar el Gobierno, que rematará los detalles del fondo en las próximas semanas para alinearse con las normas decretadas por la Comisión, que entre otros puntos señalaba que las ayudas deben ser el último recurso y deben “limitarse a la viabilidad de la empresa”, sin ir nunca más allá.

Sánchez aseguró que el plan irá dirigido a aquellas compañías que atraviesen severas dificultades de carácter temporal como consecuencia del Covid-19. “Hablamos de empresas que eran solventes y que son imprescindibles para nuestra economía”, explicó Sánchez.

Por su parte, el objetivo de la nueva línea de créditos ICO, de hasta 40.000 millones que se suman a los 100.000 aprobados al inicio de la crisis, es “impulsar la actividad inversora y fomentarla en las áreas donde se genere mayor valor añadido”, así como de capacidad de arrastre en otros sectores. Lo hará en torno a dos ejes principales: la sostenibilidad medioambiental y la digitalización, explicó el Ejecutivo, siguiendo de esta forma la estela de la transición digital y verde que se ha marcado la UE en la recuperación poscoronavirus. Con todo, las características específicas, el porcentaje de cobertura y la distribución por tramos se aprobarán las próximas semanas.

Todo apunta a que el sistema de aprobación y gestión será similar al de la línea anterior, debido a su “elevado uso”, y al “óptimo funcionamiento de la colaboración público-privada”. Desde su puesta en marcha el 17 de marzo, el Estado ha liberado los 100.000 millones aprobados, que han otorgado a empresas y autónomos financiación por 85.150 millones.

Impulso al turismo

El Gobierno también aprobó tres nuevas medidas incluidas en el Plan de Impulso al sector turístico que “reafirman el compromiso del Ejecutivo en el apoyo al sector, tanto durante la crisis como en la desescalada, y ahora en la recuperación”, subrayó la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Lo aprobado contempla, en primer lugar, un sistema de financiación de proyectos para su digitalización e innovación dotado con 216 millones para el ejercicio actual, aunque prevé la concesión de hasta 1.100 préstamos para cada ejercicio presupuestario, con un crédito medio de 200.000 euros. Estos créditos permitirán financiar gastos de personal, costes de instrumental y material inventariable, costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia y gastos generales suplementarios.

En segundo lugar, el Gobierno dio luz verde a la creación de los llamados Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, cuyo objetivo es impulsar aquellas zonas ubicadas en áreas rurales y de interior mediante “el aprovechamiento de recursos a través de equipamientos turísticos, el desarrollo de productos atractivos, su promoción y el apoyo a la capacidad operativa de los entes gestores de estos destinos”. La Conferencia Sectorial de Turismo será la responsable de dar el visto bueno a las propuestas presentadas por las entidades locales, con una partida de 23 millones de euros para este ejercicio.

La última medida establece una moratoria hipotecaria de hasta 12 meses para aquellos inmuebles dependientes de la actividad turística. Durante este periodo, solo se abonarían los intereses de la deuda hipotecaria, no amortizándose el capital. Se podrán beneficiar de esta medida aquellos que “experimenten dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria”.