La Comisión para la Reconstrucción aprueba desbloquear los superávits municipales
El PP rechaza las medidas económicas y sociales y se abstiene en los documentos sobre sanidad y Unión Europea
La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, creada hace dos meses para afrontar la situación de crisis provocada por el coronavirus, ha celebrado este viernes su última sesión. De ella, ha salido un dictamen final de propuestas dividido en cuatro áreas –una por cada grupo de trabajo– que se remitirá al pleno del Congreso para que de su aval definitivo este mismo mes. En el ámbito de reactivación económica, se ha aprobado no aplicar la regla de gasto en 2020 y 2021 y permitir que las autonomías y los ayuntamientos puedan utilizar sus superávits para invertir en las necesidades derivadas de la pandemia.
La medida la apoyaron todas las formaciones, con la excepción del PSOE. De hecho, Unidas Podemos se unió a la enmienda transaccional promovida por Junts y pactada con PP, Cs, ERC y PNV, entre otros grupos. De esta forma, se acordó que las corporaciones locales puedan hacer uso de la totalidad de los superávits y los remanentes de tesorería generados durante los ejercicios 2019 y 2020. Además, en aplicación del principio de subsidiaridad, una parte de los fondos europeos deberán ser gestionados por la corporaciones locales y comunidades autónomas, recogió Efe.
Con respecto a otras propuestas económicas, el Congreso ha rechazado, con el voto en contra del PSOE, incluir la derogación de la reforma laboral de 2012 y la creación de un impuesto a las grandes fortunas entre las recomendaciones para salir de la crisis. En cuanto a la primera medida, impulsada por EH Bildu, los socialistas llegaron a apoyar su incorporación el pasado miércoles, pero ya entonces pidieron una repetición de la votación para corregirse. El dictamen final también incluirá recomendar la puesta en marcha de un sistema similar a la mochila austriaca, aunque ha sido por un error de Unidas Podemos en la votación.
Falta de acuerdos
El pasado miércoles se incorporaron enmiendas de todos los partidos a las conclusiones base de los cuatro grupos de trabajo, elaboradas por el PSOE y Unidas Podemos. Este viernes, todavía quedaban vivas cientos de propuestas que sopesar sobre reactivación económica, política social, sanidad y Unión Europea.
El PSOE y el PP han llegado sin acuerdos a dicha comisión, a pesar de que el principal partido de la oposición ha asegurado que seguirá negociando con el Gobierno para intentar consensuar medidas, sobre todo en materia sanitaria y europea. De hecho, la vicepresidenta segunda del Congreso y diputada popular, Ana Pastor, ha afirmado hoy que, aunque no han llegado a un acuerdo sobre muchas de sus enmiendas, todavía queda tiempo para llegar a consensos, hasta la sesión plenaria en la que se votará el dictamen de la comisión y que se celebrará en la segunda quincena de julio. Por ello, los populares se han abstenido en los documentos sobre sanidad y Unión Europea y han votado en contra del texto de políticas sociales y reactivación económica.
En materia sanitaria, Pastor ha lamentado que no se hayan introducido algunas de sus propuestas, como la creación de una Agencia de Salud Pública y Calidad Asistencial. Por su parte, la socialista Ana Prieto, ha lamentado que el PP "en el último momento" se haya "bajado" del acuerdo en este tema y ha asegurado que su grupo sigue queriendo negociar.
Sobre las políticas sociales, las discrepancias entre los partidos del Gobierno y de la oposición sobre las ayudas a la escuela concertada, que se excluyen del texto, han vuelto a ser el principal escollo que evita alcanzar un consenso. El texto fue aprobado el miércoles gracias a los votos de PSOE, UP y ERC, con la abstención de EH Bildu. El PP y Ciudadanos se mantuvieron en el voto en contra. Esto, sumado al rechazo de los partidos nacionalistas al asumir la “recentralización” con dichas políticas, hizo que los socios de Gobierno se quedaran solos en la votación.
En materia económica, el PSOE ha señalado que no es que el PP se baje de este acuerdo sino que "nunca ha estado en él". Por su parte, la portavoz popular en el grupo económico Elvira Rodríguez ha criticado que no se admitieran la mayoría de sus enmiendas. La formación sigue con su apuesta de bajar los impuestos y aplicar exoneraciones, abogando por que el sistema tributario "no se considere como una mera pieza recaudatoria" e insta de nuevo al Gobierno a que presente una senda de consolidación fiscal "creible". Proponen la prórroga de los ERTE hasta final de año y la revisión de los avales del ICO.
Endurecer la tasa Tobin
Además de los acuerdos a los que se llegó el pasado miércoles con Ciudadanos en materia fiscal, que pasan por el compromiso de que toda subida de impuestos no podrá limitar la competitividad de las empresas españolas, el documento de reactivación económica ha incorporado enmiendas de otros grupos que apuestan por endurecer el impuesto sobre transacciones financieras, conocido como tasa Tobin, acabar con los privilegios fiscales de las Sicav y revisar los impuestos que gravan la riqueza, como el Impuesto sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones. Todas estas, con la oposición del PP y Ciudadanos.
Con respecto al impuesto a las transacciones financieras, ERC presentó la enmienda con el objetivo de aprobar una figura "que realmente grave los productos más especulativos, como los productos derivados y las operaciones de alta frecuencia". Ambos conceptos están excluidos del la tasa Tobin que tramita en estos momentos el Congreso, ya que el Gobierno no lo incluyó entre las operaciones a gravar. El Ejecutivo ha pedido al Congreso habilitar el mes de julio para poder aprobar la ley con el nuevo impuesto en este mismo mes.