El Gobierno descarta restaurar el estado de alarma a “corto o medio plazo”

El Ejecutivo promueve subastas renovables y anuncia que Barcelona prorroga un año, hasta 2024, la celebración del Mobile World Congress

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los recientes brotes –más de una 30 en los últimos días– se están abordando "de manera rápida". “Se está produciendo en el conjunto del mundo una aceleración de la pandemia. Las consecuencias serían nefastas para la sociedad”, ha dicho Montero. Preguntada por la posibilidad de volver al estado de alarma, Montero ha dicho que es una posibilidad lejana que el Gobierno no se plantea "ni a corto ni a medio plazo" y que es poco probable que suceda, salvo que "la situación sanitaria cambiara de forma drástica, circunstancia que ahora mismo no está".

La vicepresidenta Carmen Calvo adelantó esta mañana que el Gobierno valora establecer de nuevo el estado de alarma en los territorios en los que se registre un importante repunte de casos de coronavirus. "Ojalá no lo tengamos que hacer, pero seremos contundentes para proteger la salud. Llegado el momento, el Gobierno volverá a dar señales de responsabilidad", ha sostenido Calvo en una entrevista en Antena 3.

La también ministra de Hacienda ha hecho balance del estado de alarma y ha reiterado que es la "herramienta más eficaz" para atajar la crisis sanitaria, sin descartar que en el futuro recurran a esta u otros "mecanismos jurídicos" cuando los indicadores sanitarios sean desfavorables. "Nos hubiera gustado tener un mayor compromiso por parte del principal partido de la oposición", ha añadido para rechazar las trabas que según el Gobierno ha puesto el Partido Popular. "Deberíamos estar por encima de siglas cuando se trata de defender España", ha esgrimido Montero, que ha señalado que todavía no se ha definido la respuesta conjunta de la Unión Europea a la crisis que ha provocado la pandemia.

Mobile World Congress

El Gobierno ha anunciado que Barcelona prorroga por un año, hasta 2024, la celebración del Mobile World Congress. La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha asegurado que la empresa organizadora ha acordado con el Ejecutivo una "tarifa reducida" en la edición de 2021 para "compensar los gastos de este año", en el que se tuvo que cancelar la celebración por culpa del coronavirus.

El Ejecutivo de coalición ha aprobado un real decreto mediante el que extenderá la vinculación del certamen, uno de los mayores del mundo en el sector de la tecnología, a la Ciudad Condal, después de que se conociesen las intenciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de trasladarlo a la capital española.

Negociación de los ERTE

La ministra portavoz ha indicado que confía en que Gobierno y agentes sociales (patronal y sindicatos) alcancen un acuerdo para "seguir protegiendo el tejido productivo y la renta de las personas trabajadoras" que se han acogido a los ERTE por la pandemia. "Cuando se está en plena negociación no suelo hacer declaraciones, pero estoy convencida de que antes del martes que viene se llegará a un acuerdo", ha sugerido Montero.

Gobierno y agentes sociales volverán a reunirse el miércoles. El lunes se registraron nuevos avances que podrían allanar el camino de un acuerdo. En concreto, el Gobierno presentó un nuevo rediseño del esquema de exoneraciones de cotizaciones a las empresas que convence más a los agentes sociales.

Impuesto a los ricos

La propuesta de Unidas Podemos de aprobar un impuesto a las grandes fortunas también ha sobrevolado la rueda de prensa. La ministra portavoz ha ratificado que este gravamen se está considerando dentro del Ejecutivo por formar parte del acuerdo programático de los dos partidos de la coalición gubernamental.

"En nuestro país hay margen fiscal para incrementar la recaudación", ha trasladado Montero, que acto seguido ha recordado que la presión fiscal española se sitúa siete puntos por debajo de los países del entorno. El Ejecutivo asegura que la nueva figura fiscal servirá para reforzar un sistema público que, en palabras de Montero, es "garantista" en "educación, sanidad o el sistema de pensiones". Por ello, la ministra ha defendido que "aquellos que más tienen puedan aportar proporcionalmente en mayor medida para que todos podamos recibir en función de nuestras necesidades".

Subastas renovables

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley para el impulso de las energías renovables y apoyar a la industria en su transición ecológica. De acuerdo con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, "se actualiza la legislación en base a la normativa europea, para que nuevos negocios puedan aprovechar esas oportunidades laborales ligadas a la innovación y carentes de regulación". La nueva legislación busca poner fin a los movimientos especulativos en la utilización de los permisos de acceso a la red eléctrica, 'pinchando' la llamada burbuja de renovables. Además, crea un nuevo sistema de subastas para el desarrollo de proyectos 'verdes' cuya variable sobre la que se pujará será el precio de la energía.

El Gobierno sostiene que el decreto ley favorecerá que promotores de "todos los tamaños" puedan participar en "el despliegue en igualdad de condiciones", ha añadido la ministra. Ribera ha subrayado que "España está preparada para aprovechar una nueva revolución industrial" y las renovables son una oportunidad a la que el país "no puede renunciar". Esta nueva normativa, con la que se traza un plan para impulsar "de forma ordenada y rápida" la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable y favorecer la reactivación económica en línea con el Pacto Verde Europeo, toma las medidas necesarias para asegurar que los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica, dos autorizaciones que los promotores necesitan para poner en marcha sus plantas de renovables, estén asociados a proyectos reales y firmes.

En la actualidad, existe un elevado número de solicitudes, que suman un total de más de 430.000 megavatios (MW) –aunque se consideran correctamente presentadas unos 295.000 MW–, según datos del Ejecutivo, multiplicando por más de siete el objetivo de en torno a 60.000 MW de potencia renovable en España fijado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a 2030, que se estima que representarán unas inversiones de más de 90.000 millones y generarán entre 107.000 y 135.000 empleos netos al año durante la próxima década, ha detallado el gabinete de Teresa Ribera.