IMV

El Congreso avala el Ingreso Mínimo Vital con el apoyo de todos los partidos y la abstención de Vox

También se ha aprobado su tramitación como proyecto de ley a petición de varios grupos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, (de espaldas) durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados para responder a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, (de espaldas) durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados para responder a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

El Pleno del Congreso ha avalado hoy el Ingreso Mínimo Vital (IMV) sin ningún voto en contra, con el apoyo del PP, que ha dejado 297 síes, y con solo la abstención de los 52 diputados de Vox. De esta manera, se ha dado luz verde a la prestación que persigue frenar la pobreza en unos 850.000 hogares en el país e impulsar la inclusión laboral. Al mismo tiempo se ha aprobado su tramitación como proyecto de ley a petición de varios grupos con el objetivo de buscar su modificación.

El PP, por su parte, intentará definir su modelo de esta renta a través de las enmiendas, asegurando que el IMV está basado en el que esta formación lleva gestionando "dos décadas" en las comunidades autónomas. Entre sus requisitos, quiere que la percepción de este ingreso esté vinculado a la búsqueda activa de empleo y que se centre sobre todo en los afectados por la crisis del coronavirus. Además, pedirá que se cree una tarjeta social única para garantizar "la transparencia, la sostenibilidad y el rigor en el sistema de ayudas".

En la defensa del decreto en la Cámara Baja, Iglesias ha celebrado que el PP "haya rectificado" y lo haya apoyado. Asimismo, ha defendido una vez más el IMV como una de las medidas de mayor capacidad redistributiva aprobada en España durante la democracia y ha incidido en que "es pura justicia social". Así, ha destacado la necesidad de hacer políticas expansivas para afrontar la actual crisis ya que también es imprescindible para la recuperación económica, porque irá "directamente al consumo y ayudará a autónomos y empresas a seguir facturando".

Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en su intervención también ha reiterado las razones por las que se aprueba esta nueva medida, apuntando que la "primera novedad" es que se tendrá en cuenta la realidad económica y social de los beneficiados, poniéndo a la persona "en el centro". De esta forma, ha asegurado que en su aplicación se evaluará la realidad de "manera continua" con el resto de adminsitraciones implicadas y que su objetivo "indispensable" es que sus efectos se "alarguen varias legislaturas".

Asimismo, frente a los comentarios de Vox que aseguran que el IMV será un "efecto llamada" a la inmigración ilegal, Escrivá insistió en que la orden es incompatible con "situaciones de irregularidad administrativa". De hecho, uno de los requisitos para optar a ella es que el beneficiario deberá llevar al menos un año residiendo de forma legal en España. Sin embargo, la diputada de Vox María Ruiz  ha apuntado en el Pleno que la excepción que se hace para víctimas de trata es "como decir que van a ser beneficiarios todos los que llegan en patera".

Con ello, Ruiz ha anunciado además en su intervención que aunque no "pueden" votar en contra, tampoco lo harían a favor, segurando que la nueva orden es un "pacto con el diablo" firmado por Sánchez con el vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. Además, ha asegurado que desde esta formación abogan por una "medida extraordinaria y temporal" y no como está ahora planteada.

Con respecto a ello, la representante de Ciudadanos, Sara Giménez, confirmando que apoyará el decreto, ha pedido al partido de extremaderecha que "no fomente estereotipos" y, por otro lado, ha incidido en que se tienen que acometer modificaciones porque a su juicio existen carencias, sugiriendo que el requisito de mirar los ingresos del último año del beneficiario no es el correcto, porque podría tener una situación actual totalmente diferente.

De esta forma, mientras el ingreso mínimo continúa su trámite, las comunidades autónomas y las asociaciones sociales discuten cómo casará la prestación con las rentas mínimas de inserción autonómicas ya existentes. De hecho, las autonomías tendrán la opción de eliminar sus rentas mínimas o completar la estatal.

Desde Madrid, en concreto, la plataforma Renta Mínima Tu Derecho se reunió ayer con el consejero de Sanidad, Alberto Reyero, y su equipo para solicitar que se adapten las medidas necesarias para que la IMV y la Renta Mínima de Inserción (RMI) sean complementarias y no se anulen la una a la otra. Asimismo, la asociación advirtió sobre la “complicada” situación que el cambio administrativo para solicitar el IMV podría dejar a las 22.000 familias que perciben la RMI en la capital madrileña.

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