La consulta pública para falsos autónomos al detalle. ¿Qué persigue?

Se inicia una consulta pública hasta el 22 de junio.

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El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha iniciado un procedimiento de consulta pública hasta el próximo 22 de junio, para elaborar una ley que acabe con los falsos autónomos. En especial, incidirá en la diferenciación y regulación de plataformas como las que están asociadas a servicios de comida a domicilio. Para, en consecuencia, determinar a juicio del Ministerio unas condiciones adecuadas para quienes trabajar en esas plataformas. Los conocidos como ‘riders’.

Objetivo: proteger a los trabajadores

La normativa surge para diferenciar entre aquellas empresas o plataformas tecnológicas que se limitan a propiciar un punto de encuentro entre demandantes y ofertantes de un servicio, sin intervención alguna. Y aquellas que prestan servicios a terceros y para ello recurren a los denominados falsos autónomos.

El objetivo de la regulación es proteger los derechos de estos trabajadores a través de este tipo de plataformas digitales.

Garantizar un salario digno

Para ello se plantean cuestiones como garantizar un salario que venga determinado por una normativa legal, así como un tiempo de trabajo máximo junto a periodos mínimos de descanso, los derechos asociados a la extinción del contrato de trabajo, el derecho a unas condiciones de trabajo seguras y saludables, el ejercicio de derechos colectivos con las garantías de indemnidad precisas, entre otras cuestiones laborales.

Además se establece una distinción entre trabajadores por cuenta propia y ajena, ya que cada modalidad lleva aparejada la aplicación de unos regímenes jurídicos diferentes.

Flexibilidad para los autónomos

La normativa permitirá diferenciar el régimen jurídico del trabajador a través de este tipo de plataformas digitales. Con el fin, detallan en la previa de la ley, que se potencie un uso seguro de las nuevas tecnologías como de fórmulas flexibles de prestación del servicio por cuenta propia.

La propuesta se basa en la existencia de varias sentencias sobre este asunto. En concreto hay una del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que advierte de la necesidad de llegar a una solución definitiva respecto al uso de estas plataformas.

A su vez, la Comisión Europea ha iniciado una consulta sobre la Ley de Servicios Digitales que pretende garantizar la seguridad en la prestación de los servicios y estudiar los desafíos a los que se enfrentan los autónomos.

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