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Cordón sanitario al PP y Vox en los relevos de la CNMC

En la renovación del consejo del regulador sectorial y autoridad de la Competencia el Gobierno deja fuera a los partidos de Casado y Abascal

Cordón sanitario al PP y Vox en los relevos de la CNMC

Casi por sorpresa, dada la parálisis provocada por la crisis sanitaria del Covid-19, el Gobierno envió la semana pasada al Congreso de los Diputados su propuesta de renovación de la mitad del consejo de administración de la CNMC. Antes de conocerse el reparto de los puestos vacantes, entre ellos, el del presidente, José María Marín, y el de la vicepresidenta, María Fernández, sorprendía tan rápida solución a la vista del enconamiento del primer partido de la oposición con el Gobierno de Pedro Sánchez, agudizado tras el decreto de estado de alarma.

Una vez desvelados los nombres de los candidatos la explicación resultó clara: el PSOE, como en otros ámbitos políticos, ha optado por marginar al Partido Popular (y, por supuesto, a Vox) en las negociaciones para un reparto del consejo de administración de la Comisión y lo ha hecho con el resto de fuerzas políticas, lo cual ha facilitado el acuerdo.

Según todos los indicios, el pacto estaba ya sellado en febrero, pero la crisis del coronavirus pospuso su ejecución hasta el punto de que algunos de los cinco miembros que van a ser relevados (cuatro del PP y uno de la antigua CiU) y cuyos mandatos habían caducado el pasado septiembre, confiaban en que la prórroga se alargase hasta después del verano.

Aunque la idea inicial del Gobierno era ofrecer al PP uno de los sillones vacantes, lo que le hubiese permitido continuar con dos (en estos momentos cuenta con una consejera, María Ortiz, a la que aún no le ha cumplido su mandato), la actitud inicial de rechazo de Pablo Casado, argumentando que no iba a negociar con un Gobierno pactista con el separatismo catalán, hizo que el PSOE le diera la espalda y ofreciese dos de los cinco puestos que se liberan a Podemos (Carlos Aguilar) y ERC (Josep Sala y Prats).

Los tres restantes, que incluyen la presidencia y la vicepresidencia (la exabogada del despacho Cuatrecasas y asesora de Moncloa Cani Fernández y Ángel Torres, respectivamente) y una consejera (Pilar Sánchez Núñez) se los ha autoadjudicado, lo que unido a los dos que tiene desde 2017 (Mariano Bacigalupo y Bernardo Lorenzo) le proporciona la mitad. Dado que entre los que siguen hay un consejero del PNV (Xabier Ormaetxea) y una consejera del Cs (Pilar Canedo), el consejo resulta multicolor, algo que tampoco era muy difícil si se tiene en cuenta que el primer consejo de la CNMC, un organismo nacido en 2013 de la fusión de los reguladores sectoriales y la autoridad de la Competencia, lo componían ocho miembros del PP y sendos vocales del PNV y CiU.

La marginación del PP se puede interpretar también como un cordón sanitario del Gobierno a un partido aliado de Vox en algunos Gobiernos autonómicos y en muchas de las votaciones en el Congreso, como en los últimos decretos de ampliación del estado de alarma; es una venganza socialista al bloqueo que el PP mantiene en ciertas instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Constitucional. Flagrante en el caso del CGPJ, “en el que su presidente, Carlos Lesmes, en funciones desde hace casi dos años, no ha parado de colocar a jueces afines en audiencias provinciales y tribunales superiores de comunidades autónomas”, critican fuentes políticas.

Las tres nuevas incorporaciones en representación del PSOE tienen un marcado sesgo de competencia y son afines a la vicepresidenta cuarta y ministra de Economía, Nadia Calviño. Y es que la CNMC, aunque organismo independiente, está adscrito a este ministerio. También José María Marín fue designado a propuesta del exministro de Economía Luis de Guindos, con el que mantiene una estrecha relación y, no en vano, tomó posesión de su cargo en la sede de Economía en 2023.

Este sesgo, y la incorporación de los consejeros de ERC y de la coalición de Unidas Podemos, con un perfil más sociológico y medioambientalista que económico y regulatorio, marcarán la nueva etapa de la CNMC. El organismo cuenta con dos salas, la de Competencia, que presidirá Cani Fernández (además del pleno) y la de Supervisión Regulatoria (de sectores variopintos como la energía, las telecos, audiovisual, ferroviario y postal), que dirigirá el futuro vicepresidente. Es competencia del pleno la adscripción de los cinco miembros de cada sala.

Organismo enrarecido

La crispada situación política no ha facilitado la renovación de un organismo ya viciado desde sus orígenes. La decisión del Gobierno de Mariano Rajoy, concretamente de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los hermanos Nadal (Alberto, secretario de Estado de Energía y después de Presupuestos, y Álvaro, jefe de la Oficina Económica y más tarde ministro de Energía) de fusionar los reguladores sectoriales (la Comisión Nacional de la Energía y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) y la Comisión Nacional de la Competencia se interpretó como una vía para colocar a los suyos sin tener que esperar al fin de los mandatos legales (de cinco o seis años, según el caso) de los miembros de los consejos de estos organismos. De hecho, los únicos que denunciaron la ilegalidad ante el Supremo ganaron el recurso y el último Gobierno del PP los tuvo que reincorporar.

Tal fue el malestar que produjo la creación del organismo que el PSOE prometió su escisión, y pese a contar durante varios años con ocho miembros del PP, no ha conocido nunca la paz interna (peor, si cabe, cuando era casi monocolor). Con las dificultades de Pedro Sánchez para gobernar, primero, en un Gobierno surgido tras una moción de censura y ahora en uno de coalición (tras dos elecciones generales el año pasado), enfrentado a la peor pandemia en un siglo, no parece que la reforma del organismo se considere urgente.

Sin embargo, en el propio PSOE no olvidan que ha sido una promesa recurrente y que ha que recuperar la esencia de los reguladores sectoriales que nada tienen que ver con la vigilancia de las leyes de la libre competencia. Sin olvidar lo complicado de gestionar un consejo de 10 miembros, con dos salas y un pleno.

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