Casi 470.000 hogares han solicitado la moratoria hipotecaria desde el comienzo de la crisis

Según el Banco de España, en total se han concedido más de 780.000 moratorias al crédito

Pablo Monge

Desde el comienzo de la crisis, con datos actualizados hasta finales del mes de mayo, las entidades financieras españolas han concedido 787.921 moratorias crediticias a los afectados por la crisis del coronavirus, con un saldo vivo pendiente de amortización que roza los 33.000 millones de euros. Las peticiones aprobadas son un 79,8% de todas las solicitudes, que en estos meses han ascendido a las 987.437. En estas prórrogas se incluyen, por ejemplo, las moratorias hipotecarias decretadas por el Gobierno para personas vulnerables, las moratorias sectoriales de las patronales bancarias, más laxas que la pensada por el Ejecutivo, y otro tipo de créditos al consumo.

Los datos, publicados este jueves por el Banco de España, beben de la información que las propias entidades financieras han trasladado al supervisor. El total de beneficiados, tanto asalariados como autónomos, asciende a las 969.885 personas, lo que muestra que hay más de 100.000 operaciones que cuentan con más de un afectado. “La suma de deudores beneficiarios de la suspensión no coincide con el número de solicitudes de moratoria concedidas dado que una misma operación puede constar de varios deudores”, explica el Banco de España.

De todas las demandas que le han llegado a los bancos, un total de 258.611 corresponden a los hogares que han solicitado la moratoria hipotecaria decretada por el Gobierno para ayudar a las familias golpeadas por la crisis del coronavirus. De todas estas peticiones, las entidades han dado curso a 208.698 moratorias. El saldo vivo pendiente de amortización de estos préstamos suspendidos asciende a 18.833 millones de euros.

Por su parte, las solicitudes de moratorias sectoriales –decretadas por la banca para cubrir los casos que se quedaban fuera de las exigencias establecidas por el Gobierno– alcanzaban las 345.506, habiéndose aceptando un total de 260.472. El saldo pendiente se situaba, también a finales de mayo, en los 11.748 millones de euros.

Las solicitudes de moratoria legislativa de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria, también para personas físicas en situación de vulnerabilidad, ascendían a 383.320, habiéndose dado curso a 318.751. Han supuesto el aplazamiento del pago de 2.345 millones de euros.

El Gobierno de España, a través de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, celebró este jueves estos datos: “Se habla mucho de las moratorias fiscales y las moratorias en los pagos a la Seguridad Social, pero me gustaría poner en valor una que ha sido clave para dar liquidez a familias y empresarios: se han aprobado más de 205.800 moratorias hipotecarias, 309.000 de otros créditos y a ellas se añadieron 230.000 moratorias de otro tipo aplicadas por las entidades fuera del marco del Gobierno”, subrayó en un coloquio organizado por el Consejo General de Economistas. “Estamos hablando de más de 750.000 contratos, lo que ha provocado que cientos de miles de empresas y familias hayan visto aliviada su situación financiera”, detalló.

Para los tres tipos de moratorias, la gran mayoría de deudores beneficiarios y avalistas (por encima del 73% en todos los casos) son trabajadores asalariados. Respecto a los trabajadores autónomos, el desglose por ramas de actividad muestra que, para los tres tipos de moratoria, los principales sectores beneficiarios de estas prórrogas son el comercio, hostelería y otros servicios, seguidos a cierta distancia de actividades profesionales, científicas y técnicas, transporte y construcción. Conjuntamente, estos sectores de actividad representan más del 75% del total de moratorias para autónomos a las que se ha dado curso hasta la fecha, y solo la hostelería, el comercio y los servicios suponen más del 50% de todas las moratorias en las tres tipologías, dando buena cuenta del impacto que la crisis del coronavirus ha tenido en estos sectores.

El peso de la vivienda

De todas las moratorias concedidas por la banca, la gran mayoría, un 60%, corresponden a prórrogas sobre los préstamos hipotecarios. De todas ellas (unas 469.000), más de la mitad entran en el grupo de la moratoria sectorial, decretada por las entidades financieras para dar cobertura a todos los hogares que se quedaban fuera de la medida decretada por el Gobierno, y que contempla cuatro requisitos que deben cumplir, en su conjunto, los solicitantes. Por un lado, el afectado tiene que haber sido despedido o estar sujeto a un ERTE a raíz de la crisis. En el caso de ser empresario, debe haber visto reducidos sus ingresos en al menos un 40%. Además, los ingresos de la familia no deben superar tres veces el Iprem (unos 1.600 euros), la hipoteca y los gastos han de suponer más del 35% del total de ingresos netos y, por último, la carga hipotecaria debe haberse multiplicado por 1,3. Estas exigencias, calcula la asociación Asufin, son las que han dejado fuera a nueve de cada 10 potenciales beneficiarios.

Comercio, servicios y hostelería, los más afectados

Las moratorias concedidas a los autónomos son un buen termómetro para cuantificar el impacto del coronavirus sobre ciertos sectores profesionales. Un buen ejemplo es el relativo a las prórrogas hipotecarias del Gobierno. Así, de los más de 85.000 autónomos que se han acogido a estas ayudas, unos 51.000 son profesionales de los servicios (17.700), del comercio al por mayor y al por menor (16.700) y de la hostelería (16.500). Estos tres grupos suponen más del 60% de estas moratorias. En las otras dos prórrogas estas categorías superan el 60% en el caso de los creditos no hipotecarios y el 52% en las moratorias sectoriales.

De igual forma, el número de moratorias concedidas a los profesionales de otros sectores que no tuvieron que parar por el confinamiento o el cese de la actividad no imprescindible muestra que el golpe de la crisis no ha sido igual para todos. Las moratorias hipotecarias, por ejemplo, solo recayeron en los autónomos de la industria extractiva en un 0,1%. El mismo porcentaje lo ocupan los profesionales del suministro de agua, y asciende al 0,2% en los suministradores de energía o gas. En la Administación Pública el impacto fue del 0%.