El Gobierno crea un impuesto para envases plásticos monouso con el que recaudará 724 millones

El anteproyecto incluye el gravamen a recipientes de un solo uso a razón de 0,45 euros por kilo de envase

"Si juntáramos el conjunto de los residuos acumulados en un año en España, sería posible rellenar 2.900 veces el estadio Bernabéu", ha precisado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, al presentar el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados. La nueva legislación incluye la prohibición de plásticos de un solo uso desde julio de 2021. Como refuerzo de esta medida, Ribera ha anunciado un impuesto indirecto sobre recipientes plásticos monouso —a razón de 0,45 euros por cada kilogramo de envase— con el que prevé recaudar unos 724 millones de euros. El Consejo de Ministros ha aprobado, además, la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) con vistas a 2030.

Este gravamen será de carácter indirecto y recaerá sobre “la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables que vayan a ser objeto de utilización en el mercado español”, ha señalado Ribera. El nuevo impuesto verde, señala el Gobierno, "responde a las recomendaciones realizadas por la Comisión Europea, que en numerosos informes ha señalado que España cuenta con margen de actuación en materia de fiscalidad verde", donde España ocupa el quinto puesto por la cola en cuanto a ingresos medioambientales respecto al PIB de la UE, ha dicho.

Ribera ha destacado que el gravamen será "similar" al que se implantará en Reino Unido o Italia y ha precisado que ascenderá a 0,45 euros por kilogramo de envase. Con ello, aspira a una recaudación cercana a 724 millones de euros (atendiendo a los últimos datos, de 2017), que obtendrá de los vasos de bebidas, incluidos sus tapas y tapones y los recipientes para alimentos, tales como cajas, con o sin tapa, utilizados con el fin de contener alimentos que están destinados al consumo inmediato, in situ o para llevar; normalmente se consumen en el propio recipiente, o están listos para el consumo sin ninguna otra preparación posterior, como cocinar, hervir o calentar, incluidos los recipientes para alimentos utilizados para comida rápida u otros alimentos listos para su consumo inmediato.

El texto fija que en 2026 se tendrá que reducir un 50% su comercialización con respecto a 2022; y en 2030, esa reducción debe ser del 70%, también con respecto a 2022. En ese sentido, se buscarán alternativas reutilizables o de otro material no plástico. No obstante, desde el 1 de enero de 2023 quedará prohibida su distribución gratuita y se deberá cobrar "un precio por cada uno" de los productos de plástico que se entregue al consumidor, diferenciándolo en el ticket de venta.

Limitaciones a plásticos monouso

También quedará prohibido desde el 3 de julio de 2021 cualquier producto de plástico que se fabrique con plástico oxodegradable (proceso por el que un material se descompone en cualquier ambiente siempre que haya oxígeno), así como los cosméticos y detergentes que tengan microplásticos añadidos de forma intencionada. Desde esa fecha estará prohibido introducir en el mercado bastoncillos de algodón (excepto en el ámbito de productos sanitarios), cubiertos, palillos, platos, pajitas y agitadores de bebidas de plástico, así como los palos para sujetar globos, excepto los globos de aplicaciones industriales y profesionales que no se distribuyan a consumidores; los recipientes y vasos para alimentos y bebidas hechos de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones. Igualmente, se limitarán además de los vasos de bebidas, sus tapas y tapones, así como las cajas, con o sin tapa, utilizados para contener alimentos destinados al consumo inmediato, in situ o para llevar.

Otra medida que incluye el anteproyecto pasa por acabar con la obsolescencia programada para fomentar el uso duradero y eficiente de aparatos eléctricos y electrónicos, textiles y muebles, envases y materiales y productos de construcción. Además, se fomentará la reducción del desperdicio alimentario y la preferencia por el agua no envasada, para lo que se buscarán nuevas vías para apostar por la donación de alimentos, aumentarán las fuentes de agua disponibles en las vías públicas y edificios y se ofrecerá de forma obligatoria en la restauración un vaso o una jarra de agua gratuita.

El anteproyecto traspone la Directiva Europea de Plásticos de un solo uso de 2019 con consignas como que cafeterías, bares y restaurantes deberán cobrar un precio por cada vaso y tapa del café para llevar de plástico a partir del 1 de enero de 2023. La restauración deberá ofrecer de forma obligatoria agua de grifo al consumidor, aunque este podrá optar por agua embotellada, y el abandono de basura en el medioambiente podrá conllevar multas de entre 1.000 y dos millones de euros, según su gravedad.

Estrategia España 2030

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC), que fija objetivos de aquí a 2030 y ha analizado el anteproyecto de ley de residuos que prevé hacer obligatoria la recogida separada de nuevos flujos de residuos. Entre los objetivos de esta ley se prevé la reducción en un 15% de los residuos en 2030 respecto a los que se generaban en 2010. El consumo nacional de materiales, por su parte, deberá bajar en un 30% en relación con el PIB de nuevo frente a 2010. También se fija en 2022 la separación obligatoria de biorresiduos para municipios de más de 5.000 habitantes y a partir de 2024 para el resto de municipios.

La ministra de Transición Ecológica ha indicado que este es un momento "oportuno" en el que se inicia el debate sobre la reactivación, la reconducción de la economía, el empleo y la actividad. De acuerdo con la EEEC, se busca superar la economía lineal e impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, así como minimizar la generación de residuos.

En concreto, la EEEC marca los objetivos para la próxima década a nivel general y en particular en seis sectores a los que considera estratégicos para este fin, como son la construcción y demolición, agroalimentación, industria en su conjunto, bienes de consumo, turismo y textil y confección.

Concretamente, plantea rebajar un 50% la generación de residuos de alimentos en toda la cadena alimentaria per cápita en el ámbito del hogar y consumo minorista; un 20% en las cadenas de producción y suministro a partir de 2020. La Estrategia busca contribuir asimismo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Otros de los objetivos pasa por incrementar la reutilización y la preparación para su reutilización de al menos el 10% de los residuos municipales generados y mejorar un 10% la eficiencia del uso del agua, así como reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2 equivalente. Igualmente se promoverá acabar con la obsolescencia programada por ejemplo de los electrodomésticos y aparatos eléctricos y electrónicos.