KKR, Cinven y Providence piden permiso al Gobierno para comprar MásMóvil

KKR, Cinven y Providence piden permiso al Gobierno tras el blindaje a sectores estratégicos

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. GTRES

La opa de KKR, Cinven y Providence por MásMóvil es la primera después de que se levantaran los muros de protección para las empresas estratégicas por parte del Gobierno. Entre las que se mencionan las infraestructuras de telecomunicaciones. Se tendrían que solicitar una autorización administrativa cuando un inversor que no sea de la Unión Europea (UE) supere una participación del 10% del capital o cuando, aun siendo de la UE, esté controlado en más de un 25% por inversores de terceros países.

Así, en la solicitud de autorización de la oferta ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los compradores se disponen a realizar todas las gestiones oportunas. “Solicitarán (...) la confirmación acerca de si se precisa, respecto de la inversión extranjera directa en España de la sociedad oferente y sus accionistas, la autorización prevista”, explican. Fuentes conocedoras de la situación señalan que los compradores confían en que no será necesaria esa autorización previa, pero dejan todo preparado para solicitarla si “se considerara que es precisa”.

Además, se solicitará la luz verde a la Comisión Europea así como a las autoridades de la competencia de China, Israel, Turquía y Serbia. Según fuentes del sector, en el caso de estos países se debe a la presencia de los inversores en compañías de estos mercados, y no a MásMóvil, que no tiene en ellos ninguna actividad (su presencia internacional se restringe a Portugal).

Es más, el Banco de España también deberá dar su bendición a la operación anunciada ayer, puesto que los inversores se harán con el 49% del capital, ahora en manos de MásMóvil, de un establecimiento financiero, Xfera Consumer Finance, que entró en operaciones el pasado año. El restante 51% del accionariado es de Cetelem, filial de BNP Paribas.

Los oferentes disponen además de un informe de PwC para confirmar que el precio cumple con los requisitos necesarios para excluir la compañía de Bolsa.

Esta tasación, previsiblemente, servirá también para cumplir con el escudo legislativo creado en el año 2012, que exige un informe independiente si “los precios de mercado, en general, o de la sociedad afectada en particular, se hayan visto afectados por acontecimientos excepcionales tales como por catástrofes naturales, situaciones de guerra o calamidad u otras derivadas de fuerza mayor”.