España necesita una estrategia de desescalada más ágil y eficaz
Es necesario afrontar la recuperación económica cuanto antes mediante una regulación más flexible, consensuada y que promueva la actividad
España avanza lentamente en el proceso de desescalada de las medidas de contención contra la pandemia del Covid-19, y lo hace en el marco de una crisis económica de intensidad y magnitudes históricas. Algo más de 32 millones de personas, el 70% de la población, se hallan desde hoy en territorios en fase dos, mientras el 30%, unos 15 millones, continúan en zonas en fase uno y solo alrededor de 45.000 habitantes, de Canarias y Baleares, entran en fase tres, es decir, en el último eslabón hacia la nueva normalidad.
La adopción de las medidas de contención de la epidemia y el desarrollo del proceso de desescalada han sido abordados por el Gobierno al amparo de la declaración y sucesivas prórrogas del estado de alarma y mediante una gestión escasamente pacífica y a menudo polémica, tanto por la fórmula jurídica adoptada como por las propias contradicciones y rectificaciones del Ejecutivo. Pese a ello, y aun con todas las cautelas, las cifras apuntan a que lo peor de la emergencia ha pasado y a que España está dejando atrás las fases más graves de la epidemia. No ocurre así con la enorme factura económica generada por las medidas extraordinarias, que se agrava día a día por las limitaciones que siguen frenando la actividad de empresas y trabajadores.
Sin dejar de lado la necesidad indiscutible de que la seguridad siga siendo el principio rector de la desescalada, existen razones para cuestionar tanto el ritmo de ese proceso como el mantenimiento del estado de alarma como marco regulatorio, un mecanismo pensado para circunstancias coyunturales y cada vez más cuestionado. Como revelaba hace unos días un informe del Parlamento Europeo, la mayor parte de los Gobiernos de la UE han eludido utilizar instrumentos constitucionales excepcionales para la gestión de la crisis y han optado por aprobar medidas legislativas urgentes ordinarias. España ha perdido la oportunidad de avanzar así en la construcción de un marco regulatorio más flexible y adaptado a las empresas de cara a facilitar la vuelta a la normalidad. Ejemplos como el de la regulación del teletrabajo, que no ofrece seguridad jurídica suficiente a los empresarios para recuperar la actividad presencial, o el de la precipitada decisión de anunciar con carácter indefinido una cuarentena para turistas extranjeros muestran la urgente necesidad de que el Gobierno modifique la estrategia de la desescalada. España debe afrontar la recuperación económica cuanto antes de forma segura, ágil y eficaz, mediante reformas consensuadas con las empresas que incentiven la actividad en todos los sectores, proporcionen seguridad jurídica, respalden la inversión productiva y promuevan una vuelta a la normalidad de la que depende el futuro inmediato del país.