Ahora, a sufragar los gastos del Covid-19

Es necesario abordar un replanteamiento global del sector público que defina objetivos, estructuras y necesidades reales

Ahora, a sufragar los gastos del Covid-19

Como dice el refrán, “agua pasada no nueve molino”. En relación con la crisis económica provocada por el coronavirus, creemos que se han tomado medidas –como la activación de los ERTE, la aprobación de la línea de avales del ICO, las ayudas a los autónomos o las moratorias de declaraciones tributarias y cuotas a la Seguridad Social–, si bien se puede opinar sobre si estas han sido acertadas en tiempo y forma. Pero ahora el tema es otro, hay que mirar hacia adelante y concretar, porque la magnitud del problema lo exige lo queramos o no.

Los datos de los que ya disponemos son abundantes, pero, para no perdernos en un mar de cifras, solo reseñaremos algunos de los más significativos: 4 millones de asalariados afectados por ERTE; 1,4 millones de ayudas a autónomos; 900.000 desempleados a causa del coronavirus que reciben prestación… En total, más de 7 millones de personas (el 31% de la población activa) que reciben coberturas del Estado por las medidas establecidas como consecuencia del Covid-19. Si a esta cifra le sumamos los pagos a pensionistas, a trabajadores que ya recibían prestaciones por desempleo y a funcionarios, la cantidad de personas que perciben sus rentas del Estado supera los 20 millones, un número más que respetable.

Solo el hecho de gestionar y controlar las ayudas derivadas de esta crisis ya es un trabajo ímprobo, y no sé si somos del todo conscientes del esfuerzo que están realizando nuestras instituciones en este sentido, como es el caso, por ejemplo, de la Seguridad Social, cuyo papel ha sido y será determinante ya que, además de encargarse de tramitar millones de subsidios por ceses de actividad y explorar la vía de una ayuda específica para los más vulnerables, ha dispuesto de instrumentos complementarios, como aplazamientos y moratorias, destinados a inyectar liquidez.

Ahora la cuestión es ver hasta dónde puede dispararse este enorme gasto y cómo se puede financiar, lo que dependerá en gran medida de dos variables sobre las que existe mucha incertidumbre. Por una parte está la cuestión sanitaria –la más crucial–, ya que, a día de hoy, sigue sin haber una vacuna contra el virus, aunque la tendencia de la curva de contagios continúe a la baja. Por otro lado, también siguen sin concretarse las cantidades y requisitos de la ayuda financiera comunitaria, pese a la insistencia de nuestro Gobierno. Ante este incierto panorama, intentar retomar la actividad económica –con las máximas garantías para la salud– se convierte en un elemento estratégico para poder afrontar cuanto antes estos costes.

En contextos de recesión, como este, cualquier persona sensata es partidaria de aplicar políticas expansivas para, en la medida de lo posible, mitigar el impacto sobre el empleo, por lo que el sector público –cuyo peso sobre el PIB ha superado por primera vez al sector privado, rebasando el 51%– juega, obviamente, un papel esencial.

No cabe duda de que las Administraciones públicas han intentado dar respuesta a esta crisis sanitaria de la mejor manera posible y de que van a seguir intentándolo. En cuanto al ámbito económico, las Administraciones no solo han de tener una especial sensibilidad con las empresas –especialmente con las de los sectores más afectados– para que puedan reanudar su actividad, sino que, al igual que estas últimas están haciendo, deberían acometer en su seno una urgente racionalización, procediendo al análisis de sus estructuras, sus rutinas y sus costes de gestión, al objeto de testar si son las adecuadas para las actuales circunstancias e intentar hacer más por menos. En estos momentos, la actitud de las Administraciones debería ser ejemplarizante definiendo políticas organizativas y de coordinación eficientes, estableciendo prioridades en cuanto a inversiones y acotando gastos superfluos para evitar que pasen a convertirse en estructurales.

Ahora conviene poner los pies sobre la tierra, porque todos nos vamos a ver abocados a hacer sacrificios. La reducción del PIB, el aumento de la deuda y el elevadísimo incremento del desempleo y del déficit –provocado este último por el incremento de los gastos de todo tipo y la caída de recaudación– traerán consigo restricciones y, posiblemente, subidas de algunos impuestos y tasas, sobre los que habrá que hacer un ajuste fino para no elevar en exceso la presión fiscal, lo que resulta fundamental para no frenar la actividad económica. Pero antes de ponerse a implementar medidas drásticas en este sentido sería conveniente priorizar gastos en sanidad y ayudas a los más desfavorecidos, e intentar restárselo a otras partidas prescindibles, para lo que habría que llevar a cabo un replanteamiento global del sector público en el que se definan objetivos, estructuras y necesidades reales.

Entiendo que deberíamos hacer una reflexión crítica y constructiva, y dejar de mirarnos el ombligo pidiendo lo imposible solo en aquello que atañe a nuestros intereses concretos, porque este es un problema de todos, y todos, en la medida de nuestras posibilidades, hemos de remar juntos para volver cuanto antes a la normalidad, pero sin olvidar las ingentes cantidades de dinero que estamos destinando a ello porque, en estos momentos, el despilfarro resultaría intolerable.

Por su parte, la clase política debería hacer un esfuerzo suplementario para equilibrar demandas, cubriendo las necesidades más acuciantes al tiempo que crea condiciones para crecer, para que la gente pueda volver al trabajo con dignidad y que nuestro país vuelva a ser competitivo. Pongámonos todos a la tarea.

Valentín Pich es Presidente del Consejo General de Economistas de España