Las empresas redujeron los despidos colectivos por ERE en marzo pese al impacto de la pandemia

En dicho mes despidieron a 561 personas por este procedimiento frente los 1.573 del mismo periodo de un año antes

Un trabajador durante su jornada laboral en la empresa Extrusión Toledo.
Un trabajador durante su jornada laboral en la empresa Extrusión Toledo.

La brusca interrupción de la actividad que supuso el decreto del estado de alarma el pasado 14 de febrero, hizo que las empresas tomaran decisiones sobre sus plantillas, pero estas fueron masivamente la no renovación de contratos temporales y, sobre todo, la adopción de Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). No recurrieron, sin embargo, a despidos colectivos de sus trabajadores.

Así lo indican los priveros datos oficiales de expedientes de regulación de empleo de marzo dados a conocer hoy por el Ministerio de Trabajo. En este mes, afectado fuertemente por la crisis de la pandemia de Covid-19 desde el día 12, cuando se cerraron los colegios, se registraron 561 despidos colectivos a través de Expedientes de regulación de empleo (ERE) de extinción, eso supone un tercio de los que se realizaron en el mismo mes del año anterior, cuando hubo 1.573 despedidos por un proceso colectivo. Durante todo el primer trimestre, las empresas recurrieron a estos despidos colectivos para 4.226 trabajadores, un 0,5% menos que en los tres primeros meses de 2019.

Esto se debió porque las empresas optaron masivamente por los ERTE de suspensión o reducción de jornada en lugar de por los de extinción del contrato para siempre. Los datos facilitados hoy por trabajo muestran esta opción de las compañías ya que también reflejan que solo en marzo hubo 569.555 trabajadores afectados por ERTE (de suspensión o reducción de jornada) frente a los 24.367 de un año antes, lo que supuso multiplicar esa cantidad por 24. Los afectados de marzo supusieron el 98% de los 578.339 de todo el trimestre.

Si bien, estas cifras solo representan los trabajadores afectados por ajustes en empresas presentes en más de una comunidad autónoma y, por lo tanto, son gestionados por la dirección general de Trabajo estatal.

En los casos en los que la empresa solo opera en una comunidad autónoma, los ERTE son gestionados por las autoridades laborales dependientes de la comunidad autónoma, de ahí la diferencia desde el citado medio millón de afectados a los cerca de 3,5 millones incluidos en uno de estos ajustes en toda España.

Del total de asalariados afectados por un ERTE, nueve de cada diez (518.142 trabajadores) fueron incluidos en un expediente por causa de fuerza mayor, por lo que su proceso requirió de la autorización de la autoridad laboral, frenta l 51.974, a los que hicieron uno de estos ajustes por causas objetivas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Estos últimos no requirieron la autorización laboral pero sí un proceso de negociación entre la empresa y los representantes de los trabajadores. En estos caso, los ERTE de 50.801 trabajadores se cerraron con acuerdo y los de 1.173 trabajadores sin el pacto de la plantilla.

 

 

 

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