La CEOE pide formar parte de la gestión de la desescalada y que las empresas puedan hacer test
La patronal solicita suprimir las cuotas sociales en los ERTE y agilizar la liquidez financiera a pymes y autónomos
Si las fases de desescalada decretadas por el Gobierno terminan en los plazos previstos y la nueva normalidad se instaura a mediados de junio, el PIB español caerá en torno a un 8% durante el año 2020, según las previsiones de la CEOE presentadas este lunes por el vicepresidente de la confederación, Iñigo Fernández de Mesa. Sin embargo, si las medidas de contención y distanciamiento se prolongasen a la segunda mitad del año por la posibilidad de algún rebrote leve del coronavirus, la caída sería de cuatro puntos porcentuales más, llevando el retroceso hasta el 12%. En un panorama realmente adverso, donde hubiese una recaída brusca que llevase a un nuevo confinamiento severo, el descenso llegaría al 15,5%. La patronal, junto a sus previsiones, presentó una serie de directrices para asegurar la recuperación económica. En un documento firmado junto a Deloitte y Esade, la CEOE propone que en la gestión de la desescalada se tenga “en cuenta especialmente a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y a las organizaciones empresariales, que son los que mejor conocen la realidad de sus territorios”.
Uno de los puntos principales a tener en cuenta, explica la CEOE, es la necesidad de retomar la actividad ordinaria de una forma segura para evitar nuevos confinamientos que tendrían un grave impacto en la actividad económica. Para ello, además de incrementar la capacidad de diagnóstico mediante test y la trazabilidad de los contagiados, la patronal reclama que las empresas privadas puedan “hacer test a su personal según sus necesidades”. En esta línea, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recordado en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas que aquellas compañías que dispongan de pruebas de diagnóstico deben comunicárselo a las administraciones correspondientes.
La patronal también apuesta por el fomento de la economía digital, propiciando, entre otros, el teletrabajo. Según los cálculos de los empresarios, en España hay casi 4,5 millones de profesionales que podrían teletrabajar a día de hoy. Es necesario, explicó Fernández de Mesa, que estén preparados, tanto para favorecer la contención del virus como para que el tejido empresarial pueda responder ante un posible repunte de la enfermedad.
También es importante dotar al tejido empresarial de más liquidez. Para ello, recordó Fernández de Mesa, hay que simplificar los trámites para la concesión de las ayudas en lo relativo a las líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que “están funcionando, pero deben llegar con más flexibilidad y rapidez, sobre todo a pymes y autónomos”. La CEOE considera, además, que no debe haber límite en estos créditos, que deben movilizar toda la cantidad que sea necesaria.
Entre las medidas presentadas por la patronal también se encuentran varias de corte laboral. Entre las más destacadas, los empresarios ponen el foco en que se elimine el requisito de mantener el empleo durante seis meses para las empresas que hayan aplicado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor y se hayan exonerado de las cotizaciones. A su vez, piden la suspensión de la restricción de los despidos objetivos por causa relacionada con la pandemia decretada por el Gobierno para frenar la sangría de puestos de trabajo que se vivió durante las primeras semanas de la crisis sanitaria.
También, en opinión de la patronal, habría que “acompasar” los costes derivados de la crisis con el ritmo de recuperación. Para ello, es vital prolongar las medidas excepcionales de suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada que se han adoptado y articular otras nuevas, de manera que se permita adecuar la plantilla de las empresas a la paulatina recuperación de la actividad económica. A su vez, la patronal pide deducir el pago de las cotizaciones en aquellas empresas que se comprometan a mantener el empleo. A día de hoy, las compañías de hasta 50 trabajadores ya están exentas del 100% del pago de las cuotas en los ERTE de fuerza mayor, porcentaje que se queda en el 75% en las organizaciones de más de 50 empleados.
Pensando en las pymes y autónomos, “más vulnerables” a crisis como la actual, habría que poner en marcha iniciativas adicionales que permitan “hibernar” la salida de la crisis. Algunas propuestas son diferir el pago de impuestos y autoliquidaciones, retrasar el pago de las de cotizaciones o agilizar los pagos de las administraciones públicas.
Todas estas propuestas, reconoció Fernández de Mesa, a las que se le añaden varias de corte fiscal, implicarían un aumento considerable del déficit público, que tendría que corregirse a medida que se recuperase el crecimiento económico. Por ello, explicó, todas estas políticas y medidas deben ser temporales, rechazando partidas permanentes de gasto “que nada tienen que ver” con la crisis del coronavirus. Fernández de Mesa, que no valoró el Ingreso Mínimo Permanente, recordó que la patronal es favorable de una renta de apoyo a las familias sin recursos de manera coyuntural, pero nunca definitiva.
Menos impuestos para las empresas
Cualquier medida que pase por aumentar los impuestos sobre las empresas es un “gran error”, defiende Iñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la CEOE. Entre la batería de propuestas presentada por la patronal para la recuperación económica hay varias dirigidas a aumentar la liquidez de las empresas. Entre ellas, los empresarios creen que es necesario extender el régimen de diferimiento y aplazamiento del ingreso de deudas tributarias a todas las compañías afectadas por la crisis sanitaria, así como aplazar los plazos de autoliquidación de impuestos durante al menos seis meses y suspender los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades. La CEOE también reclama ampliar “el alcance” de las moratorias en el pago de impuestos aprobada, así como “eliminar los límites a la compensación de Bases Imponibles Negativas y a la deducibilidad de gastos financieros en el Impuesto sobre Sociedades”. Junto a la agilización de los avales del ICO, la patronal propone la ampliación de la cobertura hasta el 100% del crédito prestado, un porcentaje que hoy llega al 80%.
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