José María Alonso: "Tomaremos medidas contra la decisión de habilitar agosto"

El decano del ICAM rechaza que el plan de Justicia esté consensuado y garantiza el empleo de los trabajadores del Colegio incluidos en el ERTE

José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid
José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid

La abogacía vive días complejos. Al plan del Ministerio de Justicia, que ha suscitado el rechazo prácticamente unánime de la profesión, se une la profunda preocupación por el impacto de la crisis económica fruto del coronavirus. El decano del Colegio de Madrid (ICAM), José María Alonso, asegura que la institución que dirige liderará la reacción contra las medidas del Ministerio.

¿Cómo valora el plan del Ministerio de Justicia?

Hay una parte positiva y otra negativa. Me parecen muy loable dar una tramitación sumaria a los procedimientos de familia, los relativos a los ERTE y los que tienen que ver con los concursos de acreedores. Por otro lado, se propugna una justicia mucho más telemática, pero para ello hace falta que los juzgados tengan medios.

La iniciativa no cuenta con dotación presupuestaria.

Sin medios, quedará en agua de borrajas; sin presupuesto, no tendrá ninguna efectividad.

¿Es un plan consensuado, como dijo el ministro?

No está plenamente consensuado. Sí han tenido en cuenta el punto de vista de la abogacía en las cuestiones procesales, pero no en lo relativo a la habilitación de agosto y al trabajo por las tardes.

Se habilita del 11 al 31 de agosto. ¿Cómo lo valora?

Estamos en contra. Los abogados tienen derecho al descanso y a la conciliación. Pero es que, además, pensamos que va a ser ine­ficaz, porque habrá jueces, fiscales o letrados de la Administración de Justicia que se vayan de vacaciones esos días. Muchos abogados estarán operativos en días en los que no se puedan celebrar vistas.

¿Se opondrán? ¿Cómo vería una huelga?

Con un tercio de los abogados de España, en el ICAM asumimos que tenemos que liderar la reacción. La huelga no la veo porque puede perjudicar a los clientes. En la próxima junta de gobierno analizaremos esta cuestión. Estamos dispuestos a adoptar las medidas necesarias siempre que sean sensatas, legales y operativas.

¿Cómo ha respondido el colegio a esta crisis?

Tenemos un comité que se reúne a diario para analizar la situación. Se suscitó el problema de la asistencia a los detenidos por parte de los abogados del turno de oficio sin que se les diera medidas de protección. Eso era inadmisible. Ahora ya se está funcionando razonablemente bien. También recibimos muchas quejas por los bufetes que ofrecían servicios gratuitos y pro bono. Si es a empresas, no hay problema, pero si es a personas físicas, para eso está el sistema de justicia gratuita. Esa cuestión también está pacificada. Además, ofrecemos más de 500 programas de e-learning y hemos puesto el Espacio Abogacía a disposición de los letrados que han perdido el despacho.

¿Está funcionando el servi­cio de orientación jurídica al ciudadano?

Sí, sin duda. Durante el mes de abril hemos atendido casi 6.000 consultas de ciudadanos de forma totalmente gratuita.

¿Le preocupa el impacto de la crisis económica?

Mucho. Los abogados autónomos, pero también las grandes firmas, nos trasladan que ha caído la carga de trabajo y muchos no están generando ingresos. Para poder ayudarles hemos revisado el presupuesto y hemos generado una partida de un millón de euros para ayudar en el pago de cuotas, alquileres, etc. También ofrecimos el aplazamiento de las cuotas del segundo trimestre y 3.000 colegiados nos lo han solicitado. Trabajamos, además, en un sistema de recolocación.

¿Recuperará el colegio a los trabajadores afectados por el ERTE?

El compromiso con nuestros empleados es total. Son 45 los trabajadores afectados (en un ERTE por fuerza mayor) y se reincorporarán en cuanto se levante el estado de alarma. No podíamos pedir sacrificios a los colegiados sin asumir medidas de reorganización interna.

Muchos colegiados están cuestionando los 181.500 euros de la dirección de comunicación (encargada a Alfonso Merlos). ¿Está justificado ese gasto?

La cuestión ha sido explicada varias veces en junta y asamblea. El gasto en comunicación de la anterior dirección del ICAM era de 600.000 euros y ahora está por debajo de los 500.000 gracias a la internalización de actividades que antes se externalizaban. Alfonso Merlos no es personal laboral del colegio; su contrato de prestación de servicios incluye su retribución, pero además impuestos y otras actividades como la producción audiovisual o el diseño gráfico. Siempre ha habido máxima transparencia en este aspecto.

Normas
Entra en El País para participar