Rebelión en las cocinas: hay restaurantes que se niegan a abrir

Un grupo de 130 hosteleros españoles aseguran que no retomarán sus negocios en las condiciones que propone el Gobierno

Sala de Amazónico.

Órdago a Pedro Sánchez. Algunos grupos de restauración han levantado la voz contra las medidas de apertura en la nueva normalidad que dicta el Gobierno. También lo han hecho algunos cocineros, como Diego Guerrero, de DGSTAgE, que asegura que con un 30% de aforo es imposible que salgan las cuentas, “Cuesta más abrir que estar cerrados”, afirma el cocinero.

En esta misma línea de malestar con las medidas anunciadas por el ejecutivo se ha manifestado, a través de un comunicado conjunto, un colectivo de 130 hosteleros españoles que representan a 370 negocios y 3.129 empleos, en el que se encuentra, entre otros, el grupo Paraguas (Ten con Ten, Quintín, Amazónico, entre otros), Larrumba (Marieta, Perrachica, Portofino, Frida…), Pastelerías Mallorca, Grupo Verbena (Ginger, Garbo, Gonzo), Marengo y Los Cabezudos, en Zaragoza.

“Consideramos que en un sector tan debilitado como el nuestro, es imprescindible que la administración escuche nuestras propuestas para poder tomar decisiones sensatas y razonables que contribuyan a crear un clima de confianza que logre la reactivación del sector”, aseguran en el escrito, en que destacan que el cierre de la hostelería debido al Covid-19 va a “ser especialmente agresivo con aquellos con menos músculo financiero”. Esto es, establecimientos pequeños, con escasa solvencia, con dependencia de la rotación más que de los márgenes, locales con una superficie pequeña, con necesidad de gran afluencia para obtener beneficios.

También destacan que la reducción de aforo y las inversiones que se requieren para poder abrir, con dispositivos de toma de temperatura, túnel de desinfectado o mamparas, suponen un coste adicional, que “generarán una merma en rentabilidad de los negocios cuando no la desaparición de muchos al no poder soportar la caída del rendimiento”.

Los firmantes del comunicado exigen al Gobierno que se pronuncie respecto de la moratoria de alquileres de los locales y piden que les sea reintegrado el importe por la totalidad de las rentas abonadas a partir de la declaración del estado de alarma, y que la exención de este pago se prologue hasta la reapertura del negocio. Además, desean que el ejecutivo favorezca la revisión de estos arrendamientos, a la vez que piden a los ayuntamientos una batería de medidas de carácter fiscal inmediato, como la exención de tasas, IBI y ayudas al pago de alquiler.

Otro de los puntos que demandan es que el Gobierno garantice la posibilidad de continuar en las condiciones que garantiza la figura jurídica del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor hasta que el sector de señales de recuperación en el corto y medio plazo. Y exigen que se hagan test a todos los profesionales del sector.

Por tanto, consideran que en las condiciones que propone el Gobierno los hosteleros "no abriremos nuestros locales de negociohasta que las medidas que se adopten sean sensatas, razonables y eficientes, y por ende, contribuyan a la reconstrucción de un sector que aporta más del 7% del PIB de nuestro país”.