Flexibilizar la contratación en el campo para salvar las cosechas

La medida del Gobierno supone una solución pragmática y razonable para la campaña de recogida en el actual escenario de crisis por Covid-19

La decisión del Gobierno de autorizar a las personas desempleadas que reciben prestación y a los inmigrantes para trabajar como temporeros en el campo supone una solución pragmática y razonable para tratar de salvar la recogida de las cosechas en el actual escenario de crisis por la pandemia de Covid-19. La decisión del Gobierno, aprobada por real decreto en Consejo de ministros, habilita para acceder a los contratos para temporeros a aquellos desempleados que cobran cualquier tipo de prestación o subsidio por desempleo, a extranjeros cuyo permiso de trabajo termine antes del 30 de junio (a los que se les renovará) y a inmigrantes de entre 18 y 21 años. Como explicó ayer el ministro de Agricultura, Luis Planas, quedan excluidos los asalariados que reciban alguna prestación relacionada con la epidemia o los autónomos que perciben la prestación por cese de actividad.

Los datos que maneja el Gobierno cifran la demanda urgente de temporeros en unos 75.000 a 85.000 trabajadores. La organización agraria COAG, por ejemplo, señalaba que hasta hace pocos días todavía faltaba por cubrir el 40% de los trabajadores necesarios para la recogida de la campaña de fruta de hueso. Con la solución adoptada por el Gobierno, se abre una vía para cubrir un agujero directamente relacionado con la epidemia, puesto que las restricciones que se han impuesto en las fronteras han impedido la llegada de los trabajadores que acuden a la campaña, la mayor parte de ellos procedentes de países de Europa del este. Se trata de un problema que no es privativo de España, sino compartido también por otros países, como Alemania, donde el Gobierno ha puesto en marcha una iniciativa para reclutar a los jóvenes bajo la consigna patriótica de prestar ayuda al país en esta emergencia.

Para el sector agrícola español, la falta de mano de obra supone un problema de primer orden que puede arruinar buena parte de la cosecha de la temporada, poner en gravísimo riesgo el abastecimiento del mercado agroalimentario en España y hacer retroceder la cuota de exportación de productos agrículos españoles, que acapara dos tercios del total de la producción del sector. En un contexto como el actual, la primera obligación del Gobierno es poner los medios necesarios para garantizar el abastecimiento de la población, pero también proteger las perspectivas económicas del sector agroalimentario y no permitir que la excepcionalidad derivada de la pandemia expulse a las empresas del mercado exportador. La medida adoptada ayer esta orientada hacia ese objetivo; ahora solo resta esperar la respuesta de los trabajadores, como también testar el tantas veces debatido supuesto efecto desincentivador de las prestaciones sobre la búsqueda de empleo.