Consejo de Ministros

Parados con prestación e inmigrantes podrán trabajar como temporeros para salvar las cosechas

El Gobierno calcula la contratación de entre 75.000 y 85.000 temporeros antes del 30 de junio

El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros una medida “excepcionalmente temporal” para permitir a los desempleados que cobran algún tipo de prestación o subsidio trabajar como temporeros agrarios y compatibilizar el sueldo con la ayuda por estar parado.

Así lo establece el real decreto de medidas urgentes de carácter temporal en materia de empleo agrario, aprobado a propuesta del ministro de Agricultura, Luis Planas, que ayer explicó que permitir esta compatibilización entre la prestación por desempleo y el sueldo de temporero permite “asegurar la recolección en las explotaciones agrarias, la producción de los eslabones posteriores de la cadena y el abastecimiento de la población, ante una caída acusada de la oferta de mano de obra por las limitaciones sanitarias y de movilidad” causadas por la crisis sanitaria.

Según este decreto, podrán ser contratados de esta manera tres colectivos fundamentalmente: los desempleados, cobren o no prestación, subsidio o renta agraria; autónomos perceptores de la presentación por cese de actividad o aquellos en suspensión de empleo (ERTE). Si bien en estos dos últimos casos (ERTE y cese de actividad) estarán “excluidos expresamente” los trabajadores afectados por estas medidas causadas por el Covid-19, explicó el ministro.

El segundo colectivo que podrá ser contratado para la recolección de campañas agrarias serán los trabajadores migrantes cuyo permiso de trabajo concluya en el periodo comprendido entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio de 2020. Así, a los que sean contratados como temporeros se les otorgará una prórroga de su permiso de trabajo a través de las instrucciones de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Finalmente, un tercer grupo que podrá acceder a estas contrataciones serán los jóvenes de entre 18 y 21 años, de fuera de la Unión Europea, que se encuentren en situación regular en España.

Para todos ellos, el Gobierno insistió en que “las retribuciones percibidas por la actividad laboral que se desempeñe, al amparo de estas medidas de flexibilidad de empleo agrario, serán compatibles con las distintas prestaciones por desempleo”. Asimismo, antes de conocerse el texto definitivo que publicará el Boletín Oficial del Estado, aclaró que esta medida será totalmente voluntaria.

Planas rebajó ayer las necesidades de contratación iniciales fijadas la pasada semana de entre 100.000 y 150.000 trabajadores, recortando este volumen a “aproximadamente entre 75.000 y 85.000 trabajadores” para labores de recolección.

Estas contrataciones fueron demandadas por las organizaciones agrarias, según precisó Planas. Por ejemplo, desde COAG reclamaron “bastante mano de obra” para iniciar la campaña de recogida de fruta de hueso y, hasta hace pocos días, solo tenían cubierta el 60% de la necesaria.

No obstante, la norma incluirá algunos requisitos, como que las contrataciones deberán realizarse para el mismo municipio donde residan los parados o migrantes para evitar desplazamientos, dijo Planas. O, como precisó el Gobierno, los contratos se harán a “personas cuyos domicilios estén próximos a los lugares en los que se haga el trabajo”.

Además, para poder firmar estos contratos, el empresario “deberá asegurar, en todo momento, la disponibilidad de medios de prevención apropiados frente al Covid-19”, indica el texto del Gobierno.

Esta norma estará en vigor hasta el 30 de junio y, según explicó Planas, ha sido necesaria por dos cuestiones adicionales. En primer lugar, por el cierre de la frontera decretada por Marruecos, país de donde provenían la mayoría de estos temporeros, y para garantizar, además del abastecimiento nacional de alimentos, el mantenimiento de las exportaciones de dos tercios de la producción que se destinan a Europa fundamentalmente.

Ajustes de Seguridad Social

El Gobierno ha aprovechado este real decreto para introducir algunos ajustes técnicos en materia de Seguridad Social. Así, la norma incluirá “medidas extraordinarias con carácter temporal de simplificación para la tramitación de los procedimientos de las entidades gestoras de la Seguridad Social “para agilizar los trámites de este organismo relacionados con las gestiones de la crisis sanitaria.

Asimismo, el Ejecutivo recogerá en esta norma una ampliación de las situaciones que se consideran baja por accidente de trabajo, incluyendo, además de los infectados, los periodos de aislamiento, contagio o restricción de las salidas del municipio (confinamiento) donde tengan su domicilio los trabajadores, como consecuencia del coronavirus.

Esta ley también recogerá cambios en la redacción del acceso de los autónomos a la prestación por cese de actividad por Covid-19. Para calcular la caída del 75% de facturación en aquellos con ingresos percibidos de manera desigual o en campañas, el periodo para comparar será superior al semestre anterior a solicitar esta ayuda.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tenido palabras de aliento para la población a la que ha pedido "no bajar la guardia ni relajarnos, hay que pasar una meseta", ha dicho. Así, ha indicado que ahora "hay que hacer todo lo posible para evitar más la propagación de la enfermedad antes de entrar en el desescalado". Para ello, Montero ha recordado que el Consejo de Ministros ha abordado hoy la prórroga del Estado de alarma hasta el 24 de abril. "El presidente, del Gobierno, Pedro Sánchez, defenderá esta prórroga el próximo jueves en el pleno donde esperamos contar con la mayoría de los grupos parlamentarios", ha añadido, la ministra portavoz.

Próximos avales

La ministra Montero ha sido también preguntada por una segunda emisión de avales crediticios tras los 20.000 millones que ya están siendo canalizados por las entidades financieras desde el pasado lunes. En este sentido, hay dicho que el Ejecutivo "aún no tiene los datos de las entidades financieras, aunque sabemos que ha habido demanda de liquidez". Dicho esto, ha precisado que la intención gubernamental es analizar, antes de aprobar un nuevo tramo de avales, si el diseño del primer tramo está respondiendo bien a las necesidades del tejido productivo.

Concretamente, Montero ha especificado la intención de analizar si, como se ha previsto, la mitad de los avales concedidos las pequeñas y medianas empresas "es una cantidad suficiente, poco o todo lo contrario". Asimismo, ha añadido que algunos sectores de actividad ya han manifestado que serían necesarios "algunos ajustes en las condicionalidades", adecuandolos a su estructura de deuda o a la estacionalidad en sus actividad.

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