Construcción e industria esperan retomar la actividad el lunes con más protección

Los sindicatos exigen medidas de prevención para la reactivación.

 Estado en el que encuentra la construcción de un edificio cuyas obras permanecen  inactivas
Estado en el que encuentra la construcción de un edificio cuyas obras permanecen inactivas EFE

El Gobierno quería aplacar el malestar empresarial por el último parón decretado a la economía hace una semana, con el que ordenó la hibernación casi total de la industria y la construcción. Como muestra de consideración, el Ejecutivo adelantó a ayer, un día antes del Consejo de Ministros, la reunión semanal de seguimiento que mantienen los ministros económicos (de Economía, Trabajo, Seguridad Social, Hacienda, Industria y Transportes) con los líderes empresariales y sindicales para informarles, antes de la reunión ministerial de hoy, de la marcha de los acontecimientos y sus próximas decisiones.

En teoría, según lo declarado el domingo por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, el próximo lunes terminará lo que se denominó hibernación de la economía y la vigencia del permiso retribuido obligatorio decretado minutos antes de las 12 de la noche del día 29 por el Gobierno para hacer parar la gran mayoría de actividades, salvo las asistenciales.

Sin embargo, ningún ministerio de los afectados ni ningún ministro de los que comparecieron ayer confirmó de forma clara que todas las actividades que se paralizaron el día 30 puedan volver a reactivarse el próximo lunes. De hecho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, indicó que la vuelta a la actividad prevista para el lunes 13 de abril dependerá de los extremos de la prórroga del estado de alarma.

Pese a ello, fuentes de los asistentes a la reunión de ayer entre el Gobierno y los agentes sociales, indicaron que la intención del Ejecutivo es permitir la vuelta a la actividad de los sectores de la industria y la construcción, aunque exigiendo la adopción de las correspondientes medidas de protección de los trabajadores, así como de distanciamiento físico entre ellos, allí donde sea posible.

Estas mismas fuentes indicaron que, entre estas medidas preventivas, estará llevar mascarillas y guantes y adoptar planes de prevención de riesgos por sectores, que vigilará la autoridad laboral. En este sentido, los empresarios consultados confiaban ayer en que el Gobierno se guíe de los criterios sanitarios para negociar estos planes con los sectores afectados.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, dijo ayer al término de esta reunión que “sin protección no puede haber reactivación”. Por ello, exigió al Gobierno que asegure el suministro y la distribución de equipos de protección individual (EPI) para los trabajadores de las empresas que mantienen la actividad y las que la reactivarán a partir del lunes, y que vigile el cumplimiento por parte de las empresas, que tienen que dotar de esos equipos y medidas a los trabajadores y trabajadoras.

Desde el Gobierno se trasladó ayer a los agentes sociales que el suministro de mascarillas, guantes y geles “está garantizado”, si bien no precisaron los canales de distribución, que están siendo diseñados en un plan nacional por el Ministerio de Industria.

Los empresarios acudieron ayer recelosos a la reunión con el Gobierno después del malestar que les generó la precipitación con la que se cancelaron la mayoría de actividades industriales y de construcción el pasado 29 de marzo. Aquella tarde, intensas mediaciones empresariales lograron que el Gobierno incluyera una moratoria de 24 horas para que las empresas organizaran sus cierres y para que la ley permitiera a las compañías fijar retenes de trabajadores que pudieran mantener la actividad mínima e imprescindible para no propiciar el cierre del negocio.

La patronal de las constructoras y concesionarias de infraestructuras, Seopan, desconocía ayer cómo se reactivará del parón a su sector que, según sus cálculos, está afectando a 1,8 millones de trabajadores y que cada día de paralización le está suponiendo la pérdida de 345 millones de euros. Mientras que la patronal de la reforma Andimac estimó ayer –tras una encuesta hecha a 370 firmas que emplean a 350.000 trabajadores– que si el estado de alarma durara dos meses provocaría unas pérdidas cercanas a 3.000 millones en estas actividades. Otro sector que mostró su fuerte disconformidad con la parálisis acordada por el Gobierno fue la industria vasca, que ayer se mostraba a la espera de la evolución de los mercados para determinar cuál es el grado de reapertura de las instalaciones que pueden activar después de las vacaciones de Semana Santa y siempre cumpliendo con el decreto del 29 de marzo.

Desde la patronal vasca Confebask apostaban ayer por esa estrategia de prudencia para acoplarse a los próximos niveles de la demanda en diferentes sectores.

Por otra parte, el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, exigió ayer al Gobierno que tome más medidas de protección social “para colectivos que siguen sin acceso a ayudas” y se refirió al ingreso mínimo vital u otro tipo de subsidios. Desde el Ejecutivo repitieron ayer que siguen trabajando en dicho ingreso mínimo vital, pero que no tienen previsto aprobarlo todavía en el Consejo de Ministros de hoy.

PP y nacionalistas recelan de los nuevos Pactos de La Moncloa

Rechazo. La oferta de unos nuevos Pactos de La Moncloa, que Pedro Sánchez ha hecho a los partidos políticos y a los presidentes autonómicos para abordar juntos la reconstrucción tras la crisis del coronavirus, no tiene en este momento mucho futuro. “Los Pactos de La Moncloa fueron un cambio de régimen hacia una democracia europea. Pero nosotros ya estamos en una democracia, ya estamos en la UE. Lo peligroso sería que esos pactos conllevaran un cambio de régimen encubierto”, señaló ayer el líder de la oposición, que considera la oferta del Gobierno como “un señuelo”. Por su parte, formaciones como ERC, Bildu, PNV o Vox también se muestran contrarias a este gran acuerdo que, como explicó ayer el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, busca levantar el país tras “la mayor emergencia sanitaria de los últimos 100 años”. Se trataría, insistió, de “lanzar adelante España”, lo que requiere que los partidos firmantes compartan sus objetivos principales. Por su parte, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias, Coalición Canaria, Teruel Existe y el Partido Regionalista Cántabro (PRC), se han mostrado a favor de la iniciativa.

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