Estado de alarma

Avalancha de críticas empresariales contra el nuevo cese parcial de actividad

CEOE, Cepyme, Pymec, Ganvam y Confemetal piden más ayudas para mantener el empleo y preferían vacaciones

Los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cueva, en una imagen de enero pasado.
Los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cueva, en una imagen de enero pasado.

Si había unanimidad en la comunidad científica al pedir un endurecimiento del confinamiento para frenar la propagación del Covid-19 en nuestro país, hay también unanimidad en las críticas y censura empresariales. Hay críticas por la falta de diálogo, la falta de información (anoche aún no se sabían los sectores afectados) y el propio contenido de la norma. También las hay de varios presidentes autonómicos porque consideran que no ha sido negociada y que debería adaptarse a cada territorio.

La primera de las voces levantadas contra Pedro Sánchez ha sido la de CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y Cepyme (pequeñas y medianas empresas), porque consideran que la medida de parón de actividad no esencial va a generar un “enorme impacto, sin precedentes” en la economía y han pedido que se acompañe de otras que eviten “una destrucción masiva de tejido empresarial y del empleo de manera definitiva”.

Rechazo absoluto ante una medida que, “con toda seguridad, solo contribuirá a hacer más profunda y grave la crisis socioeconómica a la que ya nos estamos enfrentando a consecuencia de la expansión del coronavirus” muestran, entre otras, las siguientes agrupaciones: Confemetal (Confederación de Asociación Empresariales del Metal), Confebask (patronal vasca) y sus asociaciones miembro –Adegi (Gipuzkoa), Cebek (Confederación Empresarial de Bizkaia) y SEA (Empresas Alavesas)–, la FER (Federación de Empresas de la Rioja), Ganvam (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios), CEIM y Pimec (pequeños y medianos empresarios de Cataluña).

Las patronales insisten en que “la medida que solo puede haberse tomado desde el desconocimiento del funcionamiento de una economía avanzada como la española, hará imposible mantener un nivel mínimo de actividad que garantice la eficiencia para enfrentarse a la crisis sanitaria”.

Para Confemetal “de­sem­bocará inevitablemente en una grave ralentización de las esenciales, solo puede ser fruto de la irresponsabilidad y de la más absoluta ignorancia que supone no valorar las consecuencias económicas que la medida va a generar”.

Alerta del caos que va a provocar en un tejido económico formado en 98% de pymes a las que el Gobierno no tiene derecho a someter a más tensiones, con sus ingresos reducidos o desaparecidos y obligadas a abonar sueldos, cotizaciones sociales e impuestos. Opinión similar tienen en Confebask: “Hará más difícil superar esta crisis sanitaria salvaguardando a la vez, el máximo de empresas y empleos”.

Ganvam ha advertido de que medidas tan drásticas como el pago de las nóminas con la actividad parada “herirá de muerte a las pymes y provocará el colapso económico”. En Pimec añaden que “las empresas tengan que avanzar el pago de 15 días del permiso retribuido recuperable es poco responsable y de nula sensibilidad empresarial”. Y en el Instituto de la Empresa Familiar recuerdan que “la salud es lo primero pero las medidas debían haber sido consensuadas”.

Las patronales repiten la misma cantinela, “ahora más que nunca se hace necesario continuar con una mínima actividad productiva que, de una parte, garantice el suministro necesario para los sectores esenciales en la lucha contra el Covid-19 y, de otra, sirva para, superada la crisis sanitaria, afrontar la salida de la grave coyuntura económica y social a la que estamos abocados”. Abogan por mantener la actividad de las empresas, con todas las medidas de seguridad y salud que sean necesarias, como la mejor forma de proteger la sanidad y los servicios públicos.

Para los empresarios hubiera sido mejor decretar dos semanas de vacaciones, puesto que recuperar estas horas será muy complicado, y han alertado de la situación de quiebra económica en que se encontrarán muchas compañías, que se agravará en las próximas dos semanas.

 

Urkullu contrario al parón

El lehendakari, Iñigo Urkullu.
El lehendakari, Iñigo Urkullu. IREKIA

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reclamado que cada Comunidad autónoma, en su ámbito de Diálogo Social, sea la que, desde la especificidad del Territorio, concrete las actividades y empresas que son auxiliares y necesarias para la actividad "crítica, previo conocimiento del Gobierno
español".

En una carta remitida por facebook al presidente del Gobierno, Iñigo Urkullu asegura que,  “teniendo en cuenta la especificidad de la economía productiva que en cada Comunidad Autónoma es y la incidencia de la misma en el PIB así como de las consecuencias que añadidas a las medidas ya adoptadas serán una vez de que se levante el Decreto de Estado de Alarma;

Teniendo en cuenta la dificultad que supondría de interpretación de una medida generalizada que afectare incluso a empresas que están colaborando en la fabricación de material sanitario, incluso por impulso de las diversas Administraciones Públicas;

Teniendo en cuenta la afección que una medida no clara podría suponer a la cadena de valor de sectores básicos como el de la alimentación;

Teniendo en cuenta los datos de reducción de movilidad por las medidas adoptados hasta el momento;

Teniendo en cuenta la dificultad que supondría en la competitividad de sectores que ven que empresas de su ámbito en otros países mantienen abierta su actividad;

Teniendo en cuenta la dificultad operativa de puesta en práctica del Decreto anunciado un sábado por la tarde para toda actividad que se ve reflejada en el mismo a partir del lunes tras el fin de semana;

Atendiendo los criterios fundamentados en la Salud Pública según directrices de las autoridades sanitarias en las que también todas las Comunidades Autónomas nos basamos, será cada Comunidad Autónoma en su ámbito de Diálogo Social la que desde la especificidad del Territorio podrá concretar actividades y empresas que son auxiliares y necesarias para la actividad crítica previo conocimiento del Gobierno español"

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