Los presupuestos de emergencia, con más gasto y mayor presión fiscal, llegarán tras la crisis sanitaria

El Gobierno habilita la transferencia entre partidas de las cuentas prorrogadas hasta tener unas nuevas

Un hombre con mascarilla pasa frente al Congreso de los Diputados.Efe

“Nos encontramos ante una emergencia sanitaria, social y económica que exige de nosotros estar a la altura de las circunstancias y valorar los servicios públicos como lo está haciendo el conjunto de la ciudadanía española; más que nunca y desde sus ventanas”, expuso ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la pandemia del coronavirus Covid-19. “Un desafío humano de estas dimensiones solo podemos afrontarlo desde la máxima movilización de todos los recursos disponibles y bajo el principio básico de la unidad de acción”, adujo, anunciando para ello su intención de presentar “unos Presupuestos de reconstrucción económica y social, una vez acabe la emergencia sanitaria del Covid-19”. Es decir, relegando hasta dentro de varias semanas la presentación de esas cuentas “de emergencia”, para las que pidió el máximo consenso parlamentario, anticipando que incluirán un mayor gasto sanitario a costa de elevar la presión fiscal.

“Resulta evidente que descenderá el Producto Interior Bruto anual. Como ya ha indicado la Comisión Europea, 2020 no tendrá doce meses, sino diez, o incluso nueve”, a efectos económicos, adujo Sánchez. Será por tanto, una vez conocidos los daños, cuando se impulsen los nuevos Presupuestos.

El Ejecutivo, formado en la primera quincena de enero, había acelerado al máximo los trámites para presentar unas nuevas cuentas públicas para 2020 antes de la primavera, impulsando una nueva senda de déficit más laxa y un mayor techo de gasto, a fin de romper con dos prórrogas consecutivas de los Presupuestos de 2018 y aprobar unos específicos para 2020 antes del final de verano. Sin embargo, la propagación mundial del coronavirus procedente de la región china de Wuhan, donde se detectó en diciembre, hasta convertir a Europa en el epicentro de la pandemia y a España en el segundo país comunitario más afectado ha dado al traste con esa hoja de ruta. El país sumaba ayer más de 13.500 infectados y más de medio millar de muertos.

Ante esta situación el Gobierno decretó el sábado un estado de alarma que conlleva el confinamiento de los españoles en sus hogares, el cierre masivo de comercios y centros educativos, un golpe sin precedentes a la actividad que el Consejo de Ministros trató de paliar el martes con la movilización de 117.000 millones de euros públicos. Medidas de urgencia para frenar la sangría laboral y empresarial de una crisis que requerirá luego medidas de reactivación económica para que la salida, como explicó Sánchez, sea en forma de V y no de L. Eso, no obstante, requerirá ya de unas nuevas cuentas públicas, asume el presidente.

“Deberán ser unos Presupuestos Generales extra-sociales”, defendió ayer Sánchez ante un Pleno histórico del Congreso de los Diputados al que, para prevenir la propagación del virus, solo asistieron los cinco ministros al cargo de la gestión de la crisis y un total de 23 de los 350 diputados en representación de sus grupos. “Debemos ir hacia la protección y la seguridad de nuestro Estado del Bienestar, hacia el fortalecimiento de nuestros servicios públicos y de nuestro Sistema Nacional de Salud, hacia la defensa de nuestra economía y la protección de nuestras familias y de nuestras empresas”, prosiguió Sánchez, reclamando para ello unos “Presupuestos de reconstrucción social y económica destinados a brindar seguridad y protección”. La prioridad, avanzó, será fortalecer el “dique de contención sanitario”, con un mayor gasto en Sanidad Pública, que reformará tras evaluar su situación actual en un Libro Blanco.

“No existe un sistema sanitario público poderoso sin un sistema fiscal justo”, agregó, anticipando la necesidad de elevar la recaudación para acometer esta reforma y sufragar también el daño social y económico que deje la crisis con ayudas y subsidios.

“El virus no distingue entre ideologías, ni clases, ni territorios, nos está golpeando a todos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros amigos; a nuestros seres queridos”, subrayó Sánchez. “Tiempo habrá para hacer oposición. Estamos al principio de la legislatura. Lo haremos cuando hayamos superado el virus y evaluado el impacto económica y social de esta emergencia”, añadió, pidiendo “la colaboración de todas las fuerzas políticas” para aprobar las nuevas cuentas.

Aunque el Parlamento avaló las medidas tomadas hasta ahora por el Gobierno, el líder de la oposición, Pablo Casado (PP), defendió por su parte que las nuevas cuentas deben incluir es una rebaja generalizada de impuestos para reactivar la economía.

Se avecina así un pulso en el frente tributario que se abrirá tras la crisis sanitaria. De momento, en el contexto de prórroga presupuestaria, el Gobierno prevé “mecanismos excepcionales que permitan la transferencia de recursos entre secciones Presupuestarias con el fin de poder atender todas las necesidades que se presenten, preservando la estabilidad presupuestaria”, habilitando al Ministerio de Hacienda a mover dinero de unas partidas a otras para garantizar fondos a Sanidad. A su vez, la capacidad de endeudamiento del ICO se ha elevado en 10.000 millones para facilitar la concesión de avales por 100.000 millones y Hacienda ha permitido a los ayuntamientos comenzar a reinvertir parte de su superávit.

El Gobierno prohíbe a todas las administraciones la suspensión de contratos públicos

En el decreto económico. El Consejo de Ministros del martes aprobó un amplio paquete de medidas de apoyo económico y flexibilización laboral como respuesta a la crisis del coronavirus. En el caso de las empresas privadas, el Ejecutivo se ha centrado en facilitar la aprobación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) como alternativa a los despidos generalizados a fin de contener la destrucción del empleo. En el caso del sector público, sin embargo, el Gobierno ha ido aún más lejos. En concreto, el decreto incluye “medidas para evitar los efectos negativos sobre el empleo y la viabilidad empresarial derivados de la suspensión de contratos públicos, impidiendo la resolución de contratos públicos por parte de todas las entidades que integran el sector público”. Se busca, argumenta, “evitar que el Covid-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o las entidades que integran la administración local y todos sus organismos públicos y entidades de derecho público tengan un impacto estructural negativo sobre esta parte del tejido productivo”. Así, los contratos del sector público se verán sometidos a un régimen específico de suspensión que evitará que el Gobierno central, los regionales o los ayuntamientos rompan con sus proveedores o reduzcan plantilla agravando las secuelas de la crisis.