El coronavirus suspende las testificales de Albella y De Guindos por Popular
La parálisis por la pandemia podría afectar a declaraciones de testigos como Ana Botín, citada para el próximo 28 de mayo, o Rodrigo Echenique, el 4 de junio
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado suspender dos de las testificales claves en la causa sobre el Banco Popular, la del exministro de Economía Luis de Guindos y la del presidente de la CNMV Sebastián Albella, la última prevista para este miércoles, por la crisis del coronavirus.
A la espera de que se fije un nuevo calendario, la situación actual podría afectar a declaraciones de testigos como la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, citada para el próximo 28 de mayo, y el que fuera presidente no ejecutivo del Santander España en junio de 2017, cuando se produjo la compra del Popular, Rodrigo Echenique, prevista para el 4 de junio.
La comparecencia de Albella era una de las más esperadas puesto que aunque por aquellas fechas apenas acababa de tomar su cargo al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), previamente era socio responsable del despacho Linklaters, que asesoró al banco en su ampliación de capital de 2016, operación ahora objeto de la causa.
En lo referente a su papel como presidente del supervisor bursátil, Albella ya defendió ante la comisión del Congreso sobre el origen de la crisis financiera la actuación del organismo en los meses previos a la compra del Popular por parte del Santander porque la evolución bajista de la cotización de la entidad, desde finales de 2016, se consideraba "bastante normal".
Asimismo, reconoció que la CNMV no conocía la decisión de la Junta Unica de Resolución (JUR) europea de resolver la entidad, y aseguró que el haber suspendido la cotización del Popular "no hubiera calmado" las tensiones de liquidez que afectaban al banco, "sino todo lo contrario".
Tampoco se celebrará, de momento, la declaración de De Guindos; la testifical del vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) estaba prevista para el próximo 2 de abril por videoconferencia, una vez que el magistrado rechazó su pretensión de hacerlo por escrito.
En su providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 acuerda ambas suspensiones "vista la creciente preocupación originada por la rápida expansión del denominado corona virus Covid-19, que conlleva un riesgo inminente para la salud".
El documento, fechado antes de la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno, fundamenta tal decisión en el elevado número de personas que reunirían las testificales de un caso "con 33 personaciones", que se realizarían "en una sala de dimensión insuficiente para acoger a tantos letrados, aparte del personal judicial y de los testigos".
Ello obligaría "a que los letrados estén sentados sin espacio entre ellos, lo que puede propiciar una fácil transmisión del denominado virus, favorecida por los sistemas de climatización".
De este modo, a la vista de cómo evolucionen los acontecimientos, se procederá a fijar nuevas fechas de declaración "con la máxima celeridad", concluye el juez Calama.
La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017, cuando el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Angel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.
El magistrado abrió dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización
