Los extranjeros tendrán que recibir aprobación del Gobierno para comprar empresas
Las adquisiciones de inversores de fuera de la UE podrán ser de hasta el 10% del capital sin notificaciones; quedan blindados de forma temporal todos los sectores estratégicos
El Gobierno no quiere que las empresas clave del país caigan en manos de fondos buitre. El último borrador del real decreto que aprobó ayer el Consejo de Ministros suspende el denominado régimen de liberalización. En la práctica, quedan vetadas las compras por parte de inversores extranjeros de más del 10% del capital en casi todas las empresas, siempre que no cuenten con la autorización explícita del Gobierno. Es una defensa extrema y una suspensión de la llegada de capital extranjero al país con malas intenciones. Eso sí, el efecto de esta normativa expirará cuando termine la crisis.
“Quedan suspendidas por motivos de seguridad pública, orden público y salud pública, en los principales sectores estratégicos de nuestro país”, señala el texto. La gama de firmas blindadas es extensísima.
El documento menciona “infraestructuras críticas”, como las de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera, y las instalaciones sensibles. Aquí se incluyen empresas de todo tipo, como telecos (Telefónica) o energéticas, como Repsol, Naturgy, Red Eléctrica, Enagás, Endesa, Iberdrola. No en vano, las 10 compañías del Ibex más valiosas del Ibex han perdido en torno a 170.000 millones de capitalización desde que arrancó la crisis del Covid-19 en España (véase gráfico). La caída del Ibex 35 desde los casi 10.100 puntos que alcanzó el 19 de febrero supera el 35%. Y hay valores que sufren desplomes superiores a ese porcentaje.
“Esto supone una amenaza cierta para las empresas españolas cotizadas, pero también para las no cotizadas que están viendo mermado su valor patrimonial, muchas de ellas de los sectores estratégicos de nuestra economía”, señala el Gobierno. Fuentes financieras señalan que el Ejecutivo busca evitar que fondos buitre, pero también soberanos tomen participaciones en compañías consideradas esenciales para la economía.
Las mayores caídas han ido a parar a las empresas más ligadas al turismo, al sector de recursos básicos y a la banca. IAG y Meliá encabezan las pérdidas con caídas del 63% y el 57% de su valor. Le sigue ArcelorMittal, que ha cedido un 53% y ACS, muy expuesta al mercado italiano, que ha caído un 52%. Los bancos han perdido entre el 46% y el 50% de su valor en Bolsa, siendo el más perjudicado Banco Sabadell, que ha pasado de valer 5.000 millones a 2.500.
También quedan suspendidas aquellas compras que “procedan de empresas públicas o de control público o de fondos soberanos de terceros países”. Las firmas con el escudo no serán solo las que cotizan, todas las demás también. El manto protector del Gobierno señala con el dedo todas las firmas ligadas a las nuevas tecnologías. Aquí, la joya de la corona es Indra, que se ha desplomado un 27% en el año y vale tan solo 1.300 millones. Se encarga de varios de los puntos que menciona el real decreto. “La inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, así como las nanotecnologías y biotecnologías”.
La norma, explican las fuentes consultadas, es una defensa a ultranza de la nacionalidad española, como medida ante posibles ataques de inversores indeseables en el capital de compañías clave para la economía nacional.
Hasta ahora, los inversores extranjeros podrían invertir libremente en las cotizadas españolas y solo deben notificarlo a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones de la Secretaría de Estado de Comercio una vez se haya efectuado la operación. Ahora la aprobación será previa.
