El plan del Gobierno contra la recesión: créditos ICO y ayudas a quien pierda el empleo

Concederá decenas de miles de millones en préstamos y avales públicos a las empresas

Flexibilizará los ERTEs, compensará a quien sea despedido y permitirá suspender el pago de cotizaciones a los autónomos

Ayudas gobierno crisis coronavirus
Imagen del Consejo de Minsitros del sábado.

El Gobierno tiene previsto poner hoy la venda a la herida económica abierta por la pandemia del coronavirus y las excepcionales medidas de contingencia adoptadas el sábado para contenerla, que incluían el cierre del grueso de comercios y de todos los centros educativos de España o el confinamiento del país, que estrangulará el consumo. El plan consta de un paquete de estímulos en forma de préstamos y avales públicos por decenas de miles de millones de euros para tratar de sortear la recesión y, de otra parte, de medidas laborales para tratar de contener la destrucción de empleo que comenzó a desatarse ayer durante la primera jornada laboral bajo estado de alarma.

La gran incógnita estaba ayer en la cuantía de liquidez que el Gobierno iba a ser capaz de movilizar para hoy a través de préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de avales públicos dirigidos a que la banca conceda más financiación a las empresas. Distintas fuentes apuntaban a una cifra inicial de 20.000 millones ampliables a los 100.000. El monto resultante se uniría a los 14.000 millones de liquidez facilitados el pasado jueves, cuando se aprobaron aplazamientos de 30.000 euros en el pago de IRPF, IVA y sociedades a pymes y autónomos con una facturación no superior a los seis millones anuales; y a los 400 millones en créditos ICO ya previstos para compañías de turismo, transportes y hostelería.

El ansiado paquete de medidas laborales estaba ya más definido ayer. Empresarios y los sindicatos tenían ya el “compromiso verbal” del Ejecutivo para adoptar las medidas acordadas conjuntamente por los líderes de las patronales CEOE-Cepyme y las centrales CC OO y UGT y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado jueves.

El plan incluía tres cambios legales coyunturales mientras dure la crisis del coronavirus para los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que beneficiarían tanto a empresas como a trabajadores.

Concretamente se eliminará el periodo mínimo cotizado que se exige para que el trabajador cobre la prestación por desempleo mientras su empleo está en suspenso; las prestaciones consumidas en dicho tiempo no contarán como gastadas para futuros periodos de paro; y las empresas no tendrán que abonar las cotizaciones de los trabajadores mientras dure el ERTE.

Además, parece que el Gobierno accederá a incluir el cierre de empresas y la suspensión de actividades por el coronavirus como causa para poder hacer un ERTE por “fuerza mayor”. A diferencia de las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, que requieren un periodo dilatado de negociación con los sindicatos, estos requieren solo el visto bueno de la autoridad laboral de la comunidad autónoma, que debe pronunciarse en cinco días. Los agentes sociales piden, además, que se aligere la documentación exigida.

Con todo, el plan podría acortar también el plazo del ERTE por causas objetivas, el más habitual, para que el periodo de consultas y el informe de la Inspección no se demoren de siete días. Además, si la empresa ha suspendido actividad, el ERTE sería retroactivo desde la fecha de comunicación a la plantilla.

El Ejecutivo también aprobará mañana varias medidas para los más de tres millones de trabajadores autónomos. En principio, para quien decida cerrar su negocio se creará la causa de “fuerza mayor” por impacto del coronavirus para el acceso de estos trabajadores a la prestación por cese de actividad (similar a la prestación por desempleo y que ahora prácticamente no se concede por la exigencia de sus requisitos).

A su vez, para los autónomos que tengan trabajadores y los mantengan o para aquellos que no quieran echar la persiana de sus negocios, el Ejecutivo aprobará una suspensión (que no aplazamiento) del pago de la cuota a la Seguridad Social, que se estaría planteando por un periodo de dos meses, como mínimo, como reivindica la asociación ATA..

También estaba ayer en estudio, según algunas fuentes, que el Estado complete la cuantía de la base reguladora que se toma para la prestación de cese de actividad, del actual 70% al 100% o que los autónomos que no tuvieran cotizado el cese de actividad los 12 meses previos al cierre puedan también cobrar la prestación.

Para sobrellevar las faltas al trabajo por cuidado de hijos o mayores por el cierre de colegios o centros de día, el Gobierno estaría pensando en nuevos permisos retribuidos o nuevas causas de suspensión de la relación laboral. En ambos casos, el coste de estas ayudas se financiaría con un fondo específico, que ya han solicitado empresarios y sindicatos.

Finalmente, se espera que, una vez aprobadas estas medidas paliativas, el Gobierno inste a las empresas a facilitar el teletrabajo, incluso en sectores y empresas donde no está implantado o previsto, algo que se sacó del decreto del sábado en el último momento tras dividir al Gobierno. Está por ver de qué forma se rescata ahora y su grado de exigencia.

Los ayuntamientos piden poder gastar su superávit

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) prepara una batería de propuestas para el Gobierno ante la crisis creada por la extensión del Covid-19 entre las que baraja que se permita a las entidades locales gastar el superávit que tienen en medidas que hagan frente a la situación.

La Junta de Portavoces de la entidad ha mantenido ayer lunes una reunión por videoconferencia. El presidente, Abel Caballero, ha planteado el debate de una serie de medidas propuestas por PSOE, PP e IU para llegar a un acuerdo y entregárselas al Gobierno.

Entre ellas, los municipios reivindican que se flexibilice la regla de gasto, una de las limitaciones de la Ley de Estabilidad para controlar el déficit de las administraciones públicas y que hace tiempo que los ayuntamientos piden que se relaje para ellos. Esta regla impide que las entidades locales gasten el superávit anual salvo en proyectos muy concretos que debe autorizar el Ministerio de Hacienda, de manera que el dinero pasa a convertirse en ahorro. Según los datos facilitados por la FEMP el pasado febrero, se calcula que los ayuntamientos cerrarán 2019 con entre 4.000 y 5.000 millones de euros de superávit, que se sumarán a los remanentes de años anteriores hasta rondar los 26.000 millones de euros.

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