Patronal y sindicatos pactan reclamar al Gobierno que facilite los ajustes temporales de empleo
Reclaman que los cierres decretados por prevención justifiquen ERTE por fuerza mayor y que el coste de las medidas que afecten a Seguridad Social no computen para el déficit
Las cúpulas empresariales de CEOE y Cepyme y las sindicales de CC OO y UGT han negociado en las últimas horas un paquete de propuestas para el Gobierno porque han considerado "necesaria la adopción urgente de medidas extraordinarias para cubrir las posibles situaciones y contingencias derivadas que encuentran una respuesta insuficiente en la actual normativa laboral y de seguridad social".
Una de las demandas de la patronal y sindicatos es una nueva regulación de los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE), de forma que se apruebe una causa para poder llevarlos a cabo que sea los efectos de coronavirus. Asimismo, reclaman "la simplificación de los procedimientos y el acortamiento de los plazos de resolución dentro de la necesaria seguridad jurídica". Dicho esto, todo apunta a que el Consejo de Ministros ya está aprobando en estos momentos medidas en este sentido.
De hecho, proponen también que "el cierre de centros y la cancelación de actividades, las restricciones a la movilidad de las personas o mercancías, el aislamiento para evitar el contagio o la carencia de suministros, entre otros, podrán justificar los ERTE por fuerza mayor".
Este último tipo de ERTE está ahora mismo muy restrigido y se limita a causas extremas como incendios u otras cuestiones que impidan totalmente la actividad de la compañía, según explica el socio del área Laboral de Pérez-Llorca, Daniel Cifuentes. A diferencia de los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, los ajustes por fuerza mayor no requieren periodo de consulta con los trabajadores, pero sí el visto bueno de la autoridad laboral.
Otra de las cuestiones que solicitan al Gobierno los agentes sociales es "recursos extraordinarios que permitan la mayor indemnidad posible para las personas trabajadoras y las empresas con el fin de proteger el empleo y la actividad económica". Si bien reclaman que estos fondos adicionales "no deben computarse a efectos de determinar la senda de cumplimiento del déficit público".
Por ello, empresarios y sindicatos admiten que la financiación de las medidas que adopte el Gobierno para trabajadores y empresas y que tengan impacto en las cuentas de Seguridad Social, "podrán contar con la gestión y anticipo de fondos de la propia Seguridad Social, pero deberán compensarse con un fondo de ayuda extraordinaria".
Otras medidas propuestas, que los agentes sociales reclaman al Ejecutivo, son la protección de los trabajadores fijos discontinuos; atender el cierre de centros escolares, centros de día y las restricciones de movilidad; y facilitar el teletrabajo entendiendo cumplida con carácter excepcional la obligación de las empresas de evaluar los riesgos con la autoevaluación realizada voluntariamente por el propio trabajador.
En teoría, todas estas propuestas se iban a negociar entre la patronal y los sindicatos y el Gobierno, de hecho esta negociación se iba a visibilizar en una reunión de los máximos líderes de los agentes sociales con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, previa al Consejo de Ministros de hoy. Sin embargo, Moncloa pospuso ayer esta reunión a las 17.00 horas de hoy. Por lo que las cúpulas de patronal y sindicatos no han querido renunciar a hacer visible que puede que las medidas que apruebe hoy el Consejo de Ministros ya las habían solicitado ellos de forma acordada, conjunta y con anterioridad.