Abertis eleva a 3.325 millones su reclamación al Estado por la autopista que vence en 2021

El grueso de importe, pendiente del Tribunal Supremo

Abertis cifra en 3.325 millones de euros el importe que reclama al Estado por las inversiones y los descuentos en el peaje que la compañía realizó en un tramo de la autopista AP-7 en Catalunya en virtud de un acuerdo alcanzado en 2006 con el Gobierno de entonces, como adelantó este sábado CincoDías.

La reclamación se refiere además a la próxima vía de pago en concluir su contrato de concesión, levantar el peaje y volver al Estado. Se trata de los tramos Tarragona-Barcelona y Barcelona-La Jonquera de la AP-7, que vencen el 31 agosto de 2021.

Del importe total que Abertis reclama por esta vía, 948 millones corresponden a las obras de mejora y ampliación que la compañía, a través de su filial Acesa, realizó en su día en la autopista.

Los 2.376 millones de euros restantes son la compensación acumulada que la empresa calcula que debe recibir por el descenso del volumen del tráfico.

El Ministerio de Transportes debe afrontar la primera parte de esta factura, esto es, los 948 millones correspondientes a las obras, cuando concluya el contrato de concesión, en agosto de 2021.

De su lado, el pago de la cantidad relacionada con el tráfico dependerá de lo que entonces decida el Tribunal Supremo, instancia judicial a la que ha desembocado el desacuerdo que Abertis y el Estado tienen sobre este monto desde 2011.

A comienzos de 2017, la firma de autopistas ahora controlada por Atlantia y ACS logró una sentencia favorable a recibir este pago del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), si bien el entonces Ministerio de Fomento la recurrió al Supremo.

El Alto Tribunal se pronunció en julio del pasado año, pero sólo para "diferir" su decisión sobre el asunto hasta el fin del contrato de concesión.

A pesar de ello, Abertis asegura que, tras este pronunciamiento del Supremo, "mantiene, con más convicción si cabe, la solidez de sus argumentos jurídicos, basados en el propio convenio que la Administración concedente y la concesionaria firmaron por razones de interés general", según indica la compañía en su informe anual de 2019.

El importe de la reclamación va creciendo anualmente, de forma que el referido monto total de 3.325 millones que sumaba al cierre del pasado año supone un aumento del 12,6%, cuando a la conclusión de 2018 era de 2.951 millones.

Origen en 2006 

Este contencioso entre Abertis y el Estado tiene su origen en el acuerdo que en 2006 el grupo firmó con el Ministerio de Fomento entonces dirigido por Magdalena Álvarez y aprobado por Real Decreto en Consejo de Ministros.

En virtud de este pacto, la empresa se comprometió a realizar obras de ampliación y mejora en los referidos tramos de la AP-7 y a aplicar descuentos en sus peajes. Por su parte, el Estado se avenía a asumir el riesgo de tráfico de la autopista en caso de que el número de usuarios no alcanzara ciertos niveles.

No obstante, en 2011, tras el cambio de color del Gobierno, el entonces Ministerio de Fomento comenzó a plantear dudas sobre la interpretación de este acuerdo en cuanto a las compensaciones por tráfico. Entonces se abrió un infructuoso intercambio de consideraciones e informes entre Abertis y el Gobierno, y el contencioso finalmente derivó en los tribunales.