Los sindicatos proponen vincular el alquiler a los ingresos y gravar las viviendas vacías

CC OO y UGT plantean suprimir los beneficios fiscales ligados a las compras por inversión

Pablo Monge

Antes de que llegue el verano, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, llevará al Congreso la iniciativa legislativa que permitirá a comunidades autónomas y ayuntamientos limitar de manera coyuntural y temporal los precios del alquiler en las zonas tensionadas. Mientras esta norma cobra forma, los dos principales sindicatos, Comisiones Obreras (CC OO) y UGT, han presentado este lunes una iniciativa para "proteger el derecho a la vivienda", en palabras de Unai Sordo, secretario general de CC OO. Limitar el precio máximo del alquiler en zonas tensionadas, vinculándolo a los ingresos de los hogares; regular los pisos turísticos; rehabilitar los edificios destinados al alquiler seguro y asequible; e incentivar la vivienda como bien de uso y no como producto de especulación son algunas de las bases de esta iniciativa.

Uno de los principales objetivos es que el coste de alquilar una vivienda guarde una relación razonable con los ingresos de los hogares, para así "evitar o minimizar la expulsión o exclusión inmobiliaria de población por motivos económicos", ha señalado Sordo. Con este fin, se toman como referencia los ingresos medios de cada región, considerando zona tensionada aquella en la que el coste medio del alquiler supere el 25% o 30% de los ingresos medios, prohibiendo que el arrendamiento supere este porcentaje. Para ello, recalca María del Carmen Barrera, secretaria de políticas sociales, empleo y Seguridad Social de UGT, es necesario "disponer de estadísticas oficiales fiables con el mayor nivel posible de desglose territorial sobre el nivel y variación del coste medio del alquiler". Los sindicatos también proponen que una vez al año puedan redefinirse esas "zonas tensionadas" para establecer y actualizar los precios máximos periódicamente.

Otra de las propuestas pasa por promover medidas fiscales "que refuercen la vivienda como bien de uso y no como bien de inversión o de negocio", añade Barrera. En este sentido, CC OO y UGT invitan a gravar fiscalmente las viviendas vacías ubicadas en zonas tensionadas con fuerte necesidad de vivienda, ya sea mediante gravámenes ligados al valor catastral o a los precios inmobiliarios en la zona de referencia. Los sindicatos también proponen reformular los beneficios fiscales de los grandes tenedores, "elevando el tipo en el impuesto de sociedades para las socimis". Otra medida pasaría por gravar a las empresas que conviertan a la vivienda "en un bien mercantil".

En la misma línea, las dos organizaciones también proponen suprimir los beneficios fiscales ligados a la inversión en vivienda en IRPF y Sociedades, así como "rebajar el IVA de las actuaciones de rehabilitación de aquellas viviendas destinadas al alquiler público, protegido y asequible, reduciéndolo del 21% al 10%", remarcó Paula Guisande, secretaria de política social y movimientos sociales de CC OO. La iniciativa también plantea que la vivienda sostenida con recursos públicos se destine al alquiler, garantizando su carácter permanente no descalificable. El objetivo es que el presupuesto de la política de vivienda alcance inicialmente el 0,3% anual del PIB -frente al 0,1% actual- en cuatro años (entre 3.600 y 4.000 millones anuales), concentrado en financiar el parque del alquiler público. A medio plazo, plantean los sindicatos, el objetivo debería ser llegar al 1% del PIB.

Asimismo, los sindicatos proponen la puesta en marcha de un plan plurinacional de construcción o adquisición pública de viviendas destinadas al alquiler, con el primer objetivo de disponer en cuatro años de al menos 100.000 casas de alquiler público entre todas las administraciones.

"Somos conscientes de que este es un problema complejo que viene de lejos", explica Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Esta propuesta será presentada próximamente a David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, para intentar dar soluciones estructurales y no coyunturales a esta problemática, explican desde los sindicatos. Uno de los problemas es el choque competencial entre las diferentes administraciones. Por eso, como paso previo, también sería necesario que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) recoja la definición de zona tensionada, además del mecanismo de limitación de precios máximos de cada zona. Los sindicatos, en este sentido, exigen "valentía" al Gobierno de Pedro Sánchez, ya que "es previsible que haya una resistencia para fijar el precio de la vivienda. En materia fiscal y de limitación del precio va a haber una batalla político ideológica", añade Sordo.