El CEO de Meliá ganó 2,7 millones en 2019, un 90% más
Percibió 1,25 millones de la retribución variable a largo plazo del período entre 2016 y 2018
La retribución percibida por el consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, durante el pasado ejercicio se elevó a 2,68 millones de euros, lo que supuso un 90% más respecto a los 1,41 millones percibidos doce meses antes. Este fuerte incremento de la remuneración recibida por Escarrer responde casi en exclusiva, ya que el resto de partidas apenas variaron, a la percepción de 1,25 millones de euros, correspondientes a la retribución variable a largo plazo.
El informe anual sobre remuneraciones aclara, no obstante, que el ejercicio 2019 tuvo consideración de año de carencia a esos efectos, y que ese importe corresponde "a la liquidación y abono de la retribución variable a largo plazo devengada en los ejercicios 2016 a 2018". Este importe se reparte en función de cumplimiento de cuatro objetivos (solvencia financiera, objetivos de negocio, evolución del valor de la acción e intangibles), con una ponderación del 35%, 30%, 20% y 15%, respectivamente.
De esta manera, Escarrer cobró 2,5 millones de Meliá, con un sueldo fijo de 761.000 euros, una retribución variable a corto plazo de 434.000 euros, otra variable a largo plazo de 1,25 millones, una remuneración fija de 22.000 euros y otra por dietas de 32.000 euros. A ello hay que sumar otros 76.000 euros por un sistema de ahorro a largo plazo y los 107.000 euros percibidos por su pertenencia a consejos de otras sociedades del grupo.
La retribución percibida por Escarrer estará ahora bajo vigilancia de la hotelera, ya que la compañía fue una de las primeras no financieras del Ibex 35 que incluyó por acuerdo en la Junta de Accionista celebrada el pasado verano una cláusula clawback en su política de remuneraciones, que obligará al consejero delegado, Gabriel Escarrer, a devolver la retribución variable que perciba anualmente, siempre y cuando quede demostrado que la percepción de tal remuneración se haya basado atendiendo a unos datos cuya inexactitud haya quedado después demostrada de forma manifiesta, como puede ser a través de una salvedad del auditor. Una cláusula que ya incluye toda la banca en sus estatutos de gobierno corporativo.