La reforma de las pensiones públicas no puede esperar otra legislatura
Necesita un consenso crucial para que haya garantías de que se respetará íntegramente el cambio diseñado
La cuantía de la pensión media de la Seguridad Social, considerando todas las tipologías de prestación contributiva, superó en febrero los 1.000 euros (1.006,85) al mes por vez primera. Con prestaciones de este calibre, por modesto que parezca, la Seguridad Social distribuirá entre los 9,8 millones de pensionistas teóricos la nada despreciable cantidad de 137.000 millones de euros en 2020. Un excelente ejemplo de la capacidad distributiva del Estado de bienestar, pero con la particularidad de que para abonar tal cantidad de dinero la Tesorería General de la Seguridad Social tendrá que recurrir a un nuevo endeudamiento. Si los ingresos se comportan como lo han hecho en los años pasados, las pérdidas de explotación del sistema, por hablar en términos empresariales, el déficit fiscal si lo hacemos en términos de presupuesto público, será de cerca de 20.000 millones de euros. Una cantidad que, una vez agotadas las reservas acumuladas en los diez primeros años de este siglo, deben ser cubiertos por emisiones del Tesoro, ya acreedor de cerca de 60.000 millones de euros por el recurso reiterado a pagar pensiones con deuda.
El avance del gasto será, en todo caso, más modesto este año que el pasado, puesto que la subida aplicada a las pensiones ha sido notablemente inferior (0,9% frente a 1,7% del año pasado, con la excepción de las mínimas, que subieron un 3,1%), y que seguramente el número de nuevos pensionistas avanzará más lento por el simple efecto disuasivo del retraso en la edad legal y la contabilización de más años cotizados para calcular la prestación. Pero el hecho de que cada nueva pensión de jubilación supere en cerca de un 40% a las cuantías de las bajas de la misma naturaleza da una idea de la velocidad a la que se moviliza el gasto, que tendrá, además, el hándicap añadido de que llega en los próximos años al retiro el colectivo de nacidos más numeroso del siglo pasado, es el baby boom de los sesenta.
Por ello la reforma de la Seguridad Social es el asunto económico y social más urgente de cuantos apremian al país y necesita de un consenso político y social crucial para disponer de las suficientes garantías de que se respetará íntegramente la reforma que se diseñe. Si la de 2011 se ha incorporado de forma indolora, la de 2013 ha sido repudiada por el propio Parlamento que la aprobó y ha dejado en suspenso medidas muy importantes que trataban de atajar, también de manera lenta e indolora, el exponencial incremento esperado en el gasto. La comisión parlamentaria (Pacto de Toledo) que analiza la reforma no puede esperar para dar seguridad tanto a los pensionistas actuales como a los que lo serán en el medio y en el largo plazo.