España pide anular un laudo por las renovables de 112 millones

El Estado recurre ante el Ciadi por la indemnización a los fondos de Antin

Imagen de archivo de una planta termosolar.
Imagen de archivo de una planta termosolar.

El Estado español ha pedido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) la anulación del laudo que condenaba a España a pagar una indemnización de 112 millones a los fondos Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à r.l. y Antin Energia Termosolar B.V., con nacionalidad luxemburguesa y holandesa, respectivamente, según fuentes del organismo del Grupo Banco Mundial.

Antin, un fondo que estaba vinculado a BNP, demandó a España ante el Ciadi el 22 de noviembre de 2013. Fue uno de los primeros arbitrajes solicitados por el recorte de primas a las energías renovables, pero ya entonces se avistaba una avalancha de demandas ante el citado organismo, que han superado la treintena.

El 15 de junio de 2018, los árbitros Eduardo Zulueta, Francisco Orrego Vicuña y J. Cristopher Thomas dictaron su laudo contra España en el que condenaban al Estado al pago de una indemnización de 112 millones (frente a los 218 millones que reclamaba), más unos intereses del 2,07% a contar desde el 20 de junio de 2014 hasta el momento del pago, más 635.431 dólares en costas del arbitraje más 2,45 millones de libras en gastos y costas legales.

España solicitó una rectificación del laudo, mientras que los fondos trataban de ejecutarlo ante los tribunales de Estados Unidos, ahora con los nonbres de Infrastructure Services Luxemburg y Energia Termosolar. España alegaba que el tribunal había cometido un error de cómputo de los daños a compensar, solicitaba que la cifra de indemnización se rebajase a 84 millones de euros y que también se redujese la cifra de costas y gastos. Tras denegar los árbitros el 29 de enero pasado la rectificación que solicitaba España, ahora la Abogacía General del Estado ha registrado una solicitud de anulación con fecha de 23 de mayo pasado.

Los inversores extranjeros están representados en el caso por la firma de abogados londinense Gibson, Dunn & Crutcher mientras que España lo está por la Abogacía General del Estado.

Como adelantó Cinco Días, el Estado español registró también en abril ante el Ciadi una solicitud para que se anule el laudo que perdió en el arbitraje sobre renovables instado por la empresa estatal Masdar, compañía de Abu Dabi. En este caso, los árbitros condenaron a España en un laudo emitido en mayo de 2018 a pagar 64,5 millones de euros más intereses por el recorte de retribución de sus plantas solares en España.

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