Maroto anuncia un régimen sancionador para empresas morosas

Solo el 9% de las grandes compañías paga sus facturas con arreglo a los plazos legales

Reyes Maroto
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, anunció esta mañana que que el Gobierno contempla impulsar un régimen sancionador y un sistema arbitral de morosidad "ágil y efectivo" para combatir el retraso en el pago entre empresas, dentro del Consejo estatal de la pyme. Así lo confirmó en respuesta al portavoz económico de Esquerra Republicana (ERC), Joan Capdevila, que le ha reclamado en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso medidas para combatir la morosidad.

Un informe presentado esta mañana por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad remarca, con datos de 2018, las empresas del Ibex 35 pagan sus facturas a sus proveedores a 169 días, cuando el plazo legal que fija la ley son 60 días. Maroto reconoció que existe "mucho margen para mejorar los índices de morosidad" y confió en encontrar en el Congreso de los Diputados "consenso" para poder desarrollar estos nuevos mecanismos. Precisamente, JxCAT presentó por la mañana una proposición de ley en la Cámara Baja para aprobar esas sanciones.

El informe revelaba que las empresas pagaron las facturas a sus proveedores en España en un plazo medio de 73 días, lo que supone una rebaja de ocho días con respecto al nivel alcanzado en 2018. De esta manera se quedan a tan solo 13 días del plazo marcado por ley (60 días), aunque la contribución de las grandes (aquellas que facturan más de 50 millones de euros) y las pequeñas y medianas ha sido muy desigual. Mientras que el 44% de las pymes ya abona sus deudas en el plazo legal, tan solo el 9% de las grandes las paga con arreglo a la ley, cuando hace un año ese porcentaje era del 19%.

Esta fue la principal reivindicación expuesta por Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que señaló que ese empeoramiento en el pago de sus facturas pendientes se ha visto acompañado por una mejora en el cobro de sus trabajos. "Esto lleva a que las grandes empresas tarden tres veces más en pagar sus deudas que en cobrar sus recibos", apuntó Cañete, que alertó sobre el crecimiento del número de impagados en el actual cambio de ciclo económico, ya que este indicador lleva tres ejercicios consecutivos creciendo y ya se ha situado en el 3,1% del total de facturas. "Si no se corrige con rapidez puede haber otra crisis de deuda", alertó.

En paralelo, la Plataforma permanece muy atenta a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en Italia, que puede ser determinante también para acabar con el retraso en los pagos en las administraciones públicas. Los jueces del Tribunal de Estrasburgo consideraron que la normativa europea, transpuesta en los países miembros, obliga a las Administraciones italianas a velar para que paguen a sus proveedores con arreglo a los períodos que marca la ley. De esta manera desestimó el recurso del Ejecutivo italiano, que argumentaba que la directiva sí obligaba a incluir unos plazos de pago en la normativa nacional, pero no hablaba nada respecto al cumplimiento de los mismos. “Creemos que sienta un precedente en los miembros de la Unión Europea y que el resto de países tendrán que seguir la misma doctrina”, recalcó Cañete.

Los miembros de la Plataforma confían en que esa sentencia siente jurisprudencia, toda vez que han constatado el fin de la tendencia a la baja en el plazo de pago de las administraciones públicas. Desde los 110 días de media alcanzados en 2010, se pasó a los 65 días de 2017. Posteriormente repuntó a 68 días en 2018 y a 70 días en 2019, revelando un peor comportamiento de pago.

Hasta 820.000 euros por faltas muy graves

Dos fracasos. La proposición de ley para crear un régimen sancionador a empresas morosas representaría el tercer intento de sacarlo adelante. El primero, a propuesta de CIU, se frustró en mayo de 2014 porque el Gobierno del PP no lo apoyó. El segundo, promovido por Ciudadanos, no salió adelante porque la tramitación se encontró con un Gobierno en funciones.,

Sanciones. La proposición de ley de Ciudadanos establecía como infracción grave exceder el plazo legal de pago en más de veinte días, mientras que tipificaba como infracción muy grave el que dicho plazo legal de pago excediera en más de sesenta días. A las graves les acompañaban multas que oscilaban entre los 2.046 euros a los 40.985 euros, en función del grado de gravedad, mientras que las sanciones para las infracciones muy graves iban desde 409.891 a 819.780 euros.

Arbitraje. El texto redactado por Ciudadanos también fijaba un sistema arbitral, copiado del sistema francés, y la obligatoriedad, tanto para empresas cotizadas como para las no cotizadas, de publicar sus plazos de pago y cobro de facturas en sus informes anuales como en sus páginas web. Asimismo también establecía la apertura de canales donde cualquier persona, tanto física como jurídica, pudiera realizar denuncias anónimas respecto a empresas que no cumplieran los plazos de pago.

 

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