Respaldar a los agricultores y ganaderos sin intervenir los precios

El Gobierno no debe ceder a la tentación de distorsionar directa o indirectamente los mecanismos del mercado

El Gobierno anunció ayer su intención de adoptar medidas para mejorar la posición de los agricultores y los ganaderos respecto a los precios y los márgenes en el mercado agroalimentario. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, rechazó que la reciente subida del salario mínimo interprofesional pueda estar teniendo efectos perjudiciales en el campo, recordó que la baja rentabilidad que perciben los productores constituye un problema estructural y anunció que tratará de involucrar al sector de la distribución “como parte de la solución” a esa situación.

Planas tiene razón al recordar que las quejas sobre los bajos precios y márgenes que perciben los productores en el campo no son nuevas, sino que constituyen una reivindicación recurrente por parte de las organizaciones agrícolas y ganaderas, que se quejan de ser el eslabón más debil de una cadena con eslabones fuertes, como las grandes cadenas de distribución comercial. El ministro aprovechó una petición de la Unión de Pequeños Agricultores y ganaderos (UPA), que reclama una ley que fije el precio de cada producto agrario perecedero, para descartar que el Ejecutivo vaya a intervenir en el mercado agroalimentario. “El Gobierno no puede fijar precios, pero está claro que tenemos que hacer algo”, señaló antes de enumerar el paquete de medidas con el que se pretende respaldar a los productores.

El plan del Gobierno, tal y como se expuso ayer, busca reforzar esa posición con propuestas como la de modificar la ley de la cadena agroalimentaria de 2013 para trasponer la directiva comunitaria que regula las prácticas comerciales desleales –como la venta a pérdida–, dar un papel más significativo a cada uno de los eslabones de la cadena y aumentar la dotación presupuestaria a los seguros agrarios, entre otras medidas.

A priori, cualquier propuesta que introduzca mayor transparencia en los precios, limite los usos desleales en las relaciones entre los agentes del mercado y mejore la situación, a menudo precaria, de las pequeñas explotaciones agrícolas debe ser apoyada como medio de aumentar la eficiencia del mercado. Pero esa hoja de ruta debe evitar cuidadosamente cualquier fórmula directa o indirecta –mediante presiones sobre la distribución comercial, por ejemplo– de intervenir en la formación de los precios y producir, como primer efecto indeseado, un incremento sustancial del coste de los alimentos para los consumidores. Ejemplos recientes de esta práctica, como el de Venezuela, deberían bastar para recordar los males de ceder a la vieja tentación del practicar el intervencionismo en el mercado.