El Gobierno aprueba la nueva ley de distribución de seguros para evitar una multa de Europa

La Comisión Europea amenazó el pasado marzo con llevarla al Tribunal de Justicia de la UE por el retraso de su aplicación

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño EFE

España ha sido el último país de la Unión Europea en incorporar la nueva directiva de distribución de seguros (IDD, por sus siglas en inglés) en su legislación. El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado por fin, a través de un real decreto ley, la norma que debió entrar en vigor en julio de 2018 y comenzar a aplicarse en octubre de ese mismo año. La transposición de la normativa era una de las prioridades del Ministerio de Economía, sobre todo después de que la Comisión Europea amenazara el pasado marzo con llevarla al Tribunal de Justicia de la UE por el retraso.

La transposición es total, por lo que no requerirá desarrollo reglamentario, aunque será el Congreso de los Diputados quien deberá convalidarla en el plazo de un mes. Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aseguran que la urgencia de la norma "no es solo por cumplir con una obligación con las instituciones europeas, sino para que los asegurados españoles tengan ya mismo el mismo nivel de protección que los asegurados de otros países de la Unión".

El sector asegurador se enfrentará a esta nueva ley que afectará a todas las entidades de seguros y sus empleados, a más de 3.200 corredores de seguros, 72.000 agentes y 1.740 corredores de seguros sujetos a la supervisión de las Comunidades Autónomas. Los objetivos principales, según las mismas fuentes, son reforzar la transparencia, proteger al cliente y garantizar la competencia equitativa para todos los operadores del sector. “Vamos a establecer mecanismos que faciliten el mercado único de seguros, es decir, la venta de seguros entre los distintos estados miembro, lo cual tiene una consecuencia directa en términos de competitividad entre los mediadores de seguros y eso siempre beneficia a los asegurados", remarcan.

Además, la transposición contiene aportaciones que solo se incluyen en la norma española, como dos nuevos grupos específicos a los que también afectará la ley. Por un lado, los mediadores de seguros complementarios, es decir, que distribuyen seguros con carácter accesorio, por ejemplo, con la compra de un viaje o alquiler de vehículo. Por otra parte, los comparadores de seguros que se han lanzado al mercado gracias a las nuevas tecnologías, como Rastreator. A partir de ahora, se exigirá que detrás del comparador haya siempre un mediador de seguros que cumpla los requisitos que se establecen en la norma.

Otra de las novedades de la IDD es que se refuerza y se suma una subida notable de las sanciones. Por ejemplo, como consecuencia del incumplimiento por la aseguradora de las obligaciones de información y conducta durante la comercialización de productos de inversión basados en seguros, esta podrá enfrentarse a sanciones de, al menos, cinco millones de euros o el 5% del volumen de negocios anual total de la compañía. Asimismo, por primera vez en la normativa aseguradora española procesos de denuncia, es decir, la posibilidad de que el empleado de un distribuidor que detecte el incumplimiento de una norma lo denuncie a la Dirección Nacional de Seguros, garantizando los mecanismos de protección suficientes para que no haya ninguna represalia ni consecuencias en su contra.

Fondos de pensiones de empleo

El Gobierno también ha aprobado otra directiva que estaba pendiente: la relativa a los planes de pensiones empresariales (que data de 2016). La transposición parcial requerirá ser complementada con desarrollo reglamentario, y afectará únicamente a los fondos de pensiones de empleo (FPE), no a los personales, por lo que no tendrá un gran impacto. La finalidad del Gobierno es crear un marco armonizado de los FPE dentro del mercado único de capitales, con medidas como la mejora de información a los beneficiarios o el refuerzo de la supervisión pública.

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