El compromiso ineludible de reformar las pensiones públicas

El mecanismo financiero que ingresa las cotizaciones de empresarios y trabajadores y abona con ellas las pensiones de nueve millones de personas acumula varios años con un déficit creciente. Y tal desequilibrio es de tal magnitud que en los últimos siete u ocho años se ha tragado los más de 65.000 millones de euros que la caja de resistencia de la Seguridad Social había ahorrado en los tiempos de bonanza (entre 2000 y 2012) y casi otros tantos de endeudamiento avalado por el Estado. Este año no será diferente al pasado, y los números rojos de la Tesorería rondarán los 20.000 millones de euros, pese a que en los últimos años se han sacado de debajo de las piedras todos los recursos posibles: consideración de todos los complementos retributivos como base de cotización, seminacionalización de los beneficios de las mutuas de accidentes y un incremento muy fuerte de las bases de cotización máximas y mínimas, con saltos muy relevantes del salario mínimo. Unos números rojos que se antojan cada día más insostenibles, si tenemos en cuenta que salvo milagros en los ingresos, seguirán creciendo.

Seguirán creciendo por el simple devenir vegetativo que prolonga una esperanza de vida de las más altas del mundo, en un contexto en el que las nuevas pensiones son más elevadas por corresponder a carreras de cotización más generosas, y las nuevas cotizaciones más pobres por la expansión de una devaluación salarial que, aunque haya sido exigida por las circunstancias, costará muchos años desterrar. Dado que España puede entrar en un cliclo de crecimiento bajo, y que casi todo el déficit fiscal viene generado por el sistema de pensiones, no puede aplazar por más tiempo una reforma integral del sistema de retiro, al menos de su forma de financiarlo.

La OCDE y el FMI han insistido ayer en sendos informes en esta necesidad imperiosa para hacer frente al envejecimiento galopante de la población española. La OCDE, de forma más explícita que el FMI, recuerda que la edad de jubilación no es sostenible donde está fijada legalmente, y reclama medidas alternativas si definitivamente se desechan (de momento solo están aparcados) el mecanismo de revalorización y el factor de sostenibilidad aprobados en 2013, que liga la cuantía de la prestación a la esperanza de vida, al crecimiento económico y al avance de la productividad. De una forma u otra, y siempre con un consenso político inexcusable, España tiene que adaptar sus cotizaciones y sus pensiones a su capacidad económica, y deberá afrontarse de forma más cruenta cuanto más tiempo tarde en hacerlo. La población debe saber que solo son sostenibles las cuantías esperadas si se aporta más y que para evitar subir cotizaciones consideradas elevadas, deben darse por buenas pensiones menos generosas.