Política económica moderada significa continuismo sin aventuras
Los primeros mensajes de Calviño apuntan en esa dirección y neutralizan cualquier mensaje radical
El domingo pasado, tras comunicar al Jefe del Estado la composición del primer Gobierno de coalición de España desde la República, Pedro Sánchez aseguró que su equipo tendrá muchas voces, pero una sola palabra, dando a entender que toda la gestión caminará en el mismo sentido y que será plenamente reconocible. Ayer, solo veinticuatro horas después, se oyeron todas las voces de los nuevos ministros, y aunque hubo muchas palabras comunes (progresista, inclusivo, feminista, ecológico), daba la sensación de que no había unidad plena de criterio. Como decíamos también ayer en estas mismas líneas, más importante que los ministros en un Gobierno son sus políticas, y desde un medio de comunicación financiera miramos siempre primero el sentido que marca la brújula del director de la política económica para tener una idea somera de por dónde irán los tiros.
Nadia Calviño, flamante vicepresidenta para Asuntos Económicas y ministra de Economía, dejó mensajes contundentes sobre tal política económica, a la que calificó como “clara, moderada y progresista”, adornados con toda una panoplia de vocablos que bien podrían agruparse bajo “la misma palabra” de la que hablaba el presidente el domingo. Todo el rosario programático que ayer esbozaron los titulares de las carteras deberá someterse a este criterio, que de alguna manera proclama continuismo, y seguramente supone la neutralización de cualquier mensaje radical como el expresado por la nueva titular de Trabajo, Yolanda Díaz, de que su prioridad es derogar la reforma laboral de 2012; una reforma que seguramente ha lesionado algunos derechos laborales, pero que está detrás del fuerte avance del empleo en los últimos años.
En materia presupuestaria supone mantener el rigor fiscal, tal como exigen los financiadores y los socios comunitarios para poder mantener los mismos costes de financiación que los demás. Pero las matizaciones planteadas después por Hacienda acerca de la petición de una nueva flexibilización del objetivo de déficit para 2020, tras la incapacidad para reducirlo ni una sola décima en 2019, son una señal de riesgo y no deben consolidarse como un proceder permanente en un país con los elevados niveles de deuda que este tiene, y con el crecimiento económico y los ingresos públicos declinantes.
Solo es compatible este tipo de parones en la consolidación fiscal si van acompañados de un programa intenso de reformas que modernicen la economía y estiren el crecimiento potencial para absorber los diferenciales sociales que el Gobierno, de buena fe, quiere solventar. España lleva cuatro años largos con mucha literatura reformista, pero con pocas matemáticas, y la economía no puede esperar más.