Un año energético muy circular

Los controvertidos recortes de la CNMC a las redes de gas y luz permitirán una bajada de peajes. Pero no en 2020.

Torres de alta tensión.
Torres de alta tensión. Getty Images

El que ahora termina ha sido un año convulso para el sector energético, más concretamente, para los negocios regulados del gas y la electricidad o redes. Con un Gobierno en funciones desde la pasada primavera las empresas despertaron bruscamente de su letargo, propio de estos periodos transitorios, cuando en el mes de julio la CNMC sacó a la luz sus propuestas de circulares, una figura normativa de rango inferior a la orden ministerial con la que el organismo regulador aplicaba por primera vez la potestad legislativa que le otorga la Unión Europea. Entre las circulares, se encontraban las muy polémicas fórmulas de retribución de las redes que encerraban fuertes recortes en los nuevos periodos regulatorios de seis años, muy especialmente para las de gas natural y, en menor medida, las de la electricidad.

De las 14 circulares que la CNMC debía aprobar este año, según el RDL de enero con la que el Gobierno aplicaba el derecho comunitario sobre reguladores independientes, el organismo ya ha publicado en el BOE las ocho menos polémicas, entre ellas, la de la retribución de las redes de transporte y distribución eléctricas, que regirán desde el 1 de enero, y las del transporte de gas, a aplicar a partir de 2021. En este último caso con una importante rebaja respecto al tajo inicialmente propuesto: del 18% al 10% en promedio anual, lo que afecta mayoritariamente a Enagás.

Siguen en trámite las normas más duras de roer: las relativas a las metodologías de los peajes de la luz y del gas, respectivamente, y las de acceso y conexión a las redes eléctricas (una circular clave en medio del nuevo boom de las renovables). Un caso extremo es el de la propuesta de retribución de las redes de distribución de gas, que la CNMC ha tirado a la papelera para volver a la casilla de salida con un nuevo texto que ha sometido audiencia pública. Aunque en el organismo hubo consenso para rebajar el recorte calculado por los servicios técnicos a la mitad, al igual que en las redes de transporte, en aras de una mayor seguridad jurídica ha preferido proponer una nueva metodología. Nadie parece poner en duda la sobrerretribución que han recibido en los últimos años las redes de distribución, el ajuste previsto ponía en peligro la supervivencia de algunas de las distribuidoras medianas.

Así la situación, ante la falta de las nuevas metodologías de peajes que servirán para asignar los costes del sistema a los distintos tipos de consumidores, el Ministerio para la Transición Ecológica ha optado por prorrogar, por primera vez, y sine die estas tarifas de acceso que se revisan cada mes de enero. Aunque con la fórmula vigente podría haber elaborado los peajes de las redes de gas, cuyo periodo regulatorio no caduca hasta enero de 2021 (el de la luz termina en 2020), ambas requieren también una metodología para los llamados cargos, que son los que financian los costes ajenos a las actividades reguladas (por ejemplo, los incentivos a las renovables, la amortización de la deuda eléctrica o el sobrecoste de las islas). Esta metodología no corresponde a la CNMC, sino a Transición Ecológica, que lleva muy retrasada su propuesta.

Por tanto, el organismo regulador, la mitad de cuyos consejeros (cinco) tiene caducado su mandato, tiene seis asignaturas pendientes: las cuatro circulares antes citadas y dos poco polémicas (la retribución del gestor del sistema del gas y la de balance de gas, que podrían aprobarse en breve ya que el día 23 se recibió el dictamen del Consejo de Estado). Por su parte, del primer grupo, el consejo de la CNMC solo se ha remitido al Consejo de Estado la de metodología de peajes del gas.

Queda por ver el destino de los 950 millones de superávit eléctrico que ningún Gobierno ha querido devolver al usuario

Así la situación, los consumidores pagarán en 2020 (quizás todo el año) las mismas tarifas que han pagado en 2019. Los nuevos peajes que el Gobierno (sea cual sea) elabore el próximo año se calcularán ya conforme a las nuevas fórmulas de la CNMC. En las de la electricidad, la propuesta del organismo supone un cambio radical, con más de una potencias al día y varios periodos horarios, que permitirá a los usuarios contratar según sus hábitos de consumo. Además de unos peajes congelados de facto, estos se seguirán beneficiando de los bajos precios del mercado mayorista (pool), de la mano del derrumbe de las cotizaciones internacionales del gas, la desaparición de la generación con carbón y la cada vez mayor producción con renovables.

Futuro abierto

Con todas estas medidas en el aire, lo que ocurra con el sistema eléctrico en 2020 es un misterio. Según las previsiones de la CNMC, el ejercicio podría terminar con un balance equilibrado, si bien, todo va a depender si en los próximos peajes se les paga a las distribuidoras las inversiones no reconocidas de los años 2017, 2018 y 2019 que ascienden a unos 300 millones de euros. Por contra, estas recibirán medio punto menos de retribución desde el 1 de enero, según la circular correspondiente ya aprobada. En general, las medidas de la CNMC servirán para reducir los costes del sistema, al recortar en mayor medida la retribución de las distintas redes.

La deuda eléctrica se ha ido reduciendo hasta los 18.000 millones de euros y aunque aún queda un superávit de 950 millones de euros en una cuenta que gestiona la CNMC, ningún Gobierno ha querido amortizar deuda, único fin que la ley permite a los excedentes del sistema, y ha preferido mantenerlo como un colchón para imprevistos que, de no existir, pudiese obligar a subir los peajes. Según fuentes del sector, no se descarta que en los dos próximos años esta cantidad se acabe gastando en posibles desfases del sistema o en el pago de alguna indemnización judicial que afecte al sector eléctrico, tal como permite excepcionalmente la Ley de Presupuestos.

Además de las controvertidas circulares, 2019 ha sido un año marcado por los avances en la lucha contra el cambio climático y la apuesta radical de las grandes empresas eléctricas por las energías renovables y la movilidad. Todas ellas han dado carpetazo a la generación con carbón, al solicitar el cierre de unas plantas, que han dejado de competir en el mercado tras el fuerte incremento de los precios de los derechos de emisión de CO2, y recoger en sus cuentas el correspondiente deterioro contable de unos activos sin futuro, muy especialmente, Endesa.

En el nuevo año se podría despejar la regulación de las tan demandadas conexiones a las redes por parte de un efervescente sector de renovables. También las de aquellos puntos que se liberarán en los emplazamientos de las centrales de carbon y las nucleares que irán cerrando.

 

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