Atlantia baja ante el decreto que facilita al Gobierno revocar sus concesiones
La empresa asegura que la normativa aprobada por el Ejecutivo es inconstitucional
El gobierno italiano está al borde de un guerra abierta con la concesionaria de más de la mitad de las autopistas del país. Después de que el Ejecutivo de Giuseppe Conte aprobara provisionalmente reglas que permiten revocar las concesiones sobre las carreteras, Autostrade per L'Italia, filial de Atlantia, replicó asegurando que la norma puede ser inconstitucional, contraria a la normativa europea y que, en consecuencia, tendría como resultado la "terminación legal" de la concesión.
Atlantia, controlada por la familia Benetton y copropietaria de Abertis, cae más del 3% en Bolsa. La finalización de la concesión supondría, según ha publicado Corriere della Sera citando a JP Morgan, una indemnización de alrededor de 20.000 millones de euros, cantidad que podría reducirse en caso de aplicarse la nueva normativa.
Autostrade está en el punto de mira del Gobierno italiano desde que en verano de 2018 se derrumbase el puente Morandi en Génova, matando a 43 personas. El desastre puso el foco sobre el mal estado de las envejecidas infraestructuras italianas y su mantenimiento. En aquel momento el Ejecutivo amenazó con retirar las concesiones a la empresa.
El decreto fue aprobado ayer tras una reunión de siete horas del Ejecutivo italiano, si bien aún tiene que ser refrendado. Según un borrador consultado por la agencia Bloomberg, haría más sencillo y barato terminar los contratos de concesión, y se podría usar para revocar la de Autostrade. La patronal del sector ha alertado del riesgo que supone esta medida para la financiación de las empresas cuya supervivencia, asegura, estaría en riesgo.
La pugna tiene, también, un componenete político. El Movimiento Cinco Estrellas ha sido quien más ha presionado para revocar el permiso de Autostrade tras el accidente de Génova. "Las medidas sientan las bases para revocar las concesiones", aseguró el líder del grupo parlamentario Davide Crippa. No obstante, el partido socialdemócrata, socio de Gobierno del M5S, se opone a modificar esta normativa en un decreto "escoba" de final de año ante el riesgo de dañar la confianza de los inversores internacionales.
Con la nueva normativa, el operador estatal, Anas SpA, gestionaría temporalmente las autopistas en caso de revocación, dice el borrador. Las medidas también incluirían cambios en la forma en que los operadores son compensados: las empresas recibirían una suma basada en las inversiones ya realizadas si del proceso de revocación se desprendiera que no cumplen las normas.