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El ex-CEO de la antigua France Télécom, condenado a cárcel por los suicidios de sus empleados

El Tribunal Correccional de París ha impuesto 75.000 euros de multa a la antigua Orange y penas económicas o de cárcel a seis exdirectivos

Vista del logo del operador francés France Télécom en París.
Vista del logo del operador francés France Télécom en París.EFE

Didier Lombard, ex consejero delegado de France Télécom, que en 2013 cambió el nombre a Orange, ha sido condenado a un año de cárcel y a pagar una multa de 15.000 euros por una serie de suicidios de trabajadores de la empresa.

El tribunal ha concluido que Lombard y otros ejecutivos de la empresa utilizaron métodos “prohibidos” para afrontar reducciones de plantilla, y son responsables penalmente del acoso que tuvo lugar la década pasada. Sin embargo, la pena de un año de cárcel ha recibido ocho meses de suspensión, por lo que solo pasará cuatro meses en prisión. La justicia francesa también ha condenado a Orange por los mismos cargos, aunque en su caso le ha impuesto una multa de 75.000 euros.

La compañía aseguró, tras conocer el fallo, que no recurrirá. Además, ha recordado que desde octubre está en marcha una comisión de compensación para estudiar los casos individuales presentados por los familiares de todos los trabajadores que se suicidaron. Dicho comité es responsable de encontrar “soluciones de compensación aceptables” con el objetivo de evitar litigios “largos, costosos y socialmente dolorosos”.

Detrás de esta sentencia, que la defensa de Lombard anunció que va a recurrir, está la instrucción abierta por el caso de 39 trabajadores, 19 de los cuales se suicidaron, 12 intentaron hacerlo y 8 sufrieron depresión.

Los hechos se remontan a finales de la pasada década, después de que France Télécom hubiera sido privatizada (el Estado redujo en 2004 su participación por debajo del 50%) para afrontar la competencia.

En un contexto marcado también por un fuerte endeudamiento, la cúpula del grupo puso en marcha dos planes de transformación, NexT y Act, que debían conducir a la supresión de 22.000 empleos de una plantilla de 120.000 en la que un 65% todavía tenían estatuto de funcionarios. Miles de directivos recibieron formación para convencer a otros empleados de irse, con objetivos irrealizables o provocando retrocesos en el escalafón profesional. Se le atribuye a Lombard, aunque él lo ha negado, haber dicho que tenía intención de sacarse de encima a empleados “de una forma u otra, por la ventana o por la puerta”.

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